El Parlamento devaluado

La Constitución establece que es obligado revisar periódicamente la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El calendario mete presión desde hace ya tres años. Y Bruselas se impacienta por la falta de cumplimiento de esos compromisos y porque el sistema de elección no es el que mejor concuerda con el espíritu de independencia judicial de la Unión Europea. Pero aquellos que deben dar respuesta a tales obligaciones han desarrollado una extraordinaria habilidad para gestionar sus incumplimientos, sin que ello les genere cargo de conciencia. Todo se resuelve con eso que los anglosajones llaman el «blame game», el juego de las culpas, la destreza política consistente en satisfacer la necesidad de autoexculparse, situando la responsabilidad en otro. Ante cualquier problema, siempre hay alguien que debe tener la culpa, y ese nunca será uno mismo.

Así, han transcurrido ya mil días sin que los órganos constitucionales, empezando por el CGPJ, actualicen su composición. El proceso negociador se activa y se interrumpe ocasionalmente. Por ejemplo, ayer se reunieron el ministro de la Presidencia y la portavoz parlamentaria del PP. El mecanismo está asumido como si fuera normal, cuando la Constitución establece que no será solo entre el gobierno y la oposición como se dilucide el acuerdo pertinente, sino que han de participar las Cortes Generales donde los grupos con representación parlamentaria deberán negociar y pactar. Se podrá alegar que esta es una cuestión de matiz, y es cierto. Pero el diablo está en los detalles y en los matices. Si no se cumple con lo menos (el sistema de elección parlamentaria), no habría motivo para cumplir con lo más (la renovación de los órganos constitucionales en tiempo y forma).

De esta forma, no solo no hay renovación, sino que se devalúa la función del Parlamento, convertido en simple correa de transmisión de lo que se decide en determinados cenáculos sin luz ni taquígrafos. Es suficiente con fijarse en lo que ocurre con la cuestión catalana: tenemos un Congreso y un Senado nacionales, y un Parlamento autonómico, pero para buscar una solución hay que crear una mesa de diálogo fuera de las instituciones y sin micrófonos. Algo no funciona.