Resistir es ganar

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se negó ayer y desde la tribuna del parlamento, a dar marcha atrás en la no renovación de 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados como refuerzo del Covid y rechazó excluir a Vox de las negociaciones presupuestarias, que eran los dos requisitos que los socialistas exigieron para dar su apoyo a los presupuestos de 2022. La ruptura con el PSOE se hace evidente, y será de nuevo el partido de Abascal quien decida sobre el futuro del gobierno andaluz. Con un presupuesto de 43.814 millones de euros, y un incremento del 9% con respecto a 2021, la legislatura termina a finales de 2022, pero toma fuerza la hipótesis de un adelanto electoral.

En el debate sobre el estado de la comunidad de Andalucía, Juan Espadas, el nuevo secretario general del PSOE andaluz que relevó a Susana Díaz, trasladó al ejecutivo un mensaje conciliador para afianzar su desdibujada imagen y conseguir un reconocimiento público, proponiendo un pacto entre las dos principales fuerzas políticas, pero con una condición «sine qua non», la de excluir a Vox.

El adelanto electoral sólo se producirá si se produce un bloqueo en el Parlamento y hasta la fecha el gobierno de Moreno ha contado con el apoyo leal de Vox, socio fiel en estos tres años. Las encuestas son favorables al PP, pronostican la desaparición de un Ciudadanos en horas bajas y consolida la tendencia alcista de Vox. De forma hábil, el PP ha adelantado su congreso regional para los próximos 20 y 21 de noviembre en Granada, y será el punto de partida de unas más que probables elecciones en la próxima primavera. La tramitación de 4 leyes por la vía de urgencia –ley de lucha contra el fraude, la ley de Tasas, ley de tributos, que supone una nueva bajada fiscal por valor de 329 millones de euros, y la ley del suelo– llegarán al debate final en el Pleno de los días 15 y 16 de diciembre. Si no hay presupuestos, el Gobierno andaluz podrá exhibir sus proyectos legislativos y convocar elecciones con los deberes hechos.

Pablo Casado es consciente que una victoria del PP en Andalucía relanzaría su candidatura a la presidencia del gobierno, como lo fueron, las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, y le permitiría consolidar su imagen tras constatar que las encuestas a nivel nacional son favorables a los intereses de su partido –a excepción del CIS de Félix Tezanos, un producto cada vez menos creíble–.

Todo parece beneficiar la estrategia popular. Un Gobierno español acosado por sus socios de legislatura que exhiben impúdicamente sus condiciones para evitar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, como ejemplo la exigencia de ERC a que Netflix doble al catalán todas sus series. Una guerra cainita del PSOE con Podemos para arrogarse la autoría y el protagonismo de las leyes de contenido social. Una escalada de la tensión entre socios de gobierno, cuyo capítulo más estrafalario ha sido el anuncio de la presentación de una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y la petición de su dimisión, tras la retirada del escaño a Alberto Rodríguez, condenado por haber dado una patada a un policía durante una manifestación en 2014. El pulso entre de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño por la reforma laboral. Un suma y sigue que acosa a un solitario Pedro Sánchez, rodeado de unos socios indeseables, como los que se manifestaron en San Sebastián el pasado domingo exigiendo la libertad de los terroristas encarcelados de ETA. Pero hay que recordar, que el presidente firmó el libro «Manual de Resistencia», que al igual que su tesis doctoral no escribió él, sino en este caso Irene Lozano. Y como su libro, Pedro quiere resistir para ser presidente hasta el final de la legislatura. Y hará lo que sea para seguir en la Moncloa hasta principios de 2024. Aunque pierda en Andalucía o la vergüenza. Resistir es ganar.