Una anomalía insoportable

La Fiscalía ha confirmado esta semana el archivo definitivo de las investigaciones abiertas a Don Juan Carlos, dejando claro que no existen ilícitos penales que obliguen a abrir una causa formal en el Tribunal Supremo. Tras tres años de oscuras filtraciones y especulaciones impresentables se zanja un asunto utilizado hasta la saciedad y hasta la zafiedad por todos los enemigos de la monarquía, que curiosamente son también los enemigos de España. Partidos políticos que han hecho de la persecución de la Corona una obsesión enfermiza, con el objetivo político nada indisimulado de atacar al régimen constitucional que Don Juan Carlos impulsó durante su etapa al frente de la jefatura del Estado, que propició el mejor y más longevo momento de estabilidad democrática de la tantas veces triste historia de nuestra nación. Una estrategia de acoso y derribo a la que se ha sumado, con sibilino entusiasmo e indisimulado partidismo, Pedro Sánchez, silente y anuente ante los estridentes e injustificados ataques de Unidos Podemos y sus ministros, una formación que sí está envuelta en procedimientos penales por hechos no archivados, que se siguen investigando.

Una vez más, el Gobierno que nació del exagerado provecho que causó una línea mal escrita en una sentencia, intenta utilizar actuaciones judiciales con fines políticos espurios. En este caso, unas diligencias abiertas por la Fiscalía, todo para desacreditar la figura de quien siendo Rey de España tuvo un papel ejemplar en la recuperación de la democracia y aún más en su mantenimiento frente al intento de golpe militar en el año 1981. Todo con tal de dañar a la Corona y, con ello, cambiar el sistema político español, aunque sea sin contar con la mayoría que lo impulsó.

Han fracasado, aunque no totalmente, porque el daño causado a la figura de Don Juan Carlos es irreparable. Sin embargo, las sombras que algunos dibujan sobre su conducta privada no pueden, ni suspender su derecho a la presunción de inocencia, claramente vulnerada, ni mucho menos enturbiar el relato y la memoria de su extraordinaria labor pública. Por eso, quienes defendemos el sistema de libertades y bienestar que en España garantiza nuestra Constitución, tenemos la obligación de recordar y ensalzar su contribución inmensa al progreso de nuestro país como motor de aquel proceso ejemplar de entendimiento entre diferentes que fue la Transición Democrática. Y tenemos, sobre todo, el deber moral de reclamar que se contribuya, especialmente desde el Gobierno de la Nación, a que se ponga fin a su permanencia lejos de España, un hecho que humilla e indigna a quienes defendemos esta España en la que todos caben, que nació, gracias a él, en el año 1978.

Don Juan Carlos merece, como cualquier español, vivir donde quiera. Esa es la esencia de la España de libertades que él ayudó a instaurar. Y, por eso, su regreso a España tiene que producirse, con los menores daños para la institución monárquica, pero lo antes que ello sea posible. Su alejamiento indefinido produce una apariencia equívoca y nociva y supone un trato que su persona no merece. Es una anormalidad que daña a nuestras instituciones y que afecta a nuestra democracia, porque Don Juan Carlos no sólo fue un Rey excelente, sino que es una persona inocente, sin deudas con la justicia, pero con la que los españoles tenemos contraída una enorme deuda de gratitud. Una razón suficiente para poner fin a una anomalía insoportable, sobre todo una vez que la justicia y la razón se han impuesto con claridad. Ahora ya solo cabe esperar que los irresponsables políticos que cuestionan permanentemente la figura de D. Juan Carlos lo dejen de hacer.