Crisis de Estado

Que los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa hayan sufrido una intrusión, con extracción de archivos a través de un ataque «externo», es un hecho grave que afecta al Estado, daña a nuestra democracia, debilita nuestra reputación como país y revela una imagen de vulnerabilidad en un momento en el que nos estamos jugando mucho en el contexto internacional. Un asunto claramente de Estado en el que el principal partido de la oposición ha dado muestras de responsabilidad, prudencia y fortaleza superiores a las que ha dado el conjunto del Gobierno, y ya no digamos los partidos que teóricamente y de forma siempre interesada le apoyan. No es incompatible con una lealtad de Estado que quien encarna y representa la alternativa al sanchismo haya puesto de relieve lo sospechoso que ha resultado el alarde publicitario y el momento elegido, un año después de producirse la intrusión, para informar del suceso, paradójicamente con más transparencia que la que se usa con las Cortes Generales para responder sobre los vuelos oficiales del presidente del Gobierno, cuyo coste y frecuencia se niegan con amparo del secreto oficial. Las sospechas eran lógicas. Aparte de las elucubraciones que se quieran hacer respecto al solapamiento de encuestas muy desfavorables o la contraprogramación de un gran evento institucional, ha parecido evidente la intencionalidad de mezclar un grave ataque al Estado con el artificiosamente exagerado culebrón de las escuchas al independentismo. Como las comparaciones son odiosas, ni siquiera deberíamos recordar que el recién reelegido presidente francés, Emmanuel Macron, siguiendo un manual no escrito para estos casos, y que no es el manual de resistencia del sanchismo, se abstuvo de denunciar un espionaje similar a su teléfono móvil hace también un año. Y es que, si algo debe dejar claro esta crisis, es que los asuntos de Estado no se pueden utilizar en beneficio de los actores políticos. La oposición al Gobierno parece saber mejor que el propio Gobierno que un episodio que puede que sea grave no puede esgrimirse, menos aún magnificarse, por razones partidistas, primero, porque es inmoral, y segundo, y sobre todo, porque reduce y minimiza la capacidad de nuestro país para transmitir firmeza y tranquilidad y aumenta las posibilidades de trasladar una imagen de debilidad interna y externa que España no se merece, mucho menos en el actual marco de guerra híbrida en suelo europeo y a un mes de celebrarse en Madrid la trascendental cumbre de la OTAN. Por si no fuera bastante, esta situación ha revelado la contradicción esencial del sanchismo, que, si de verdad le preocupa la seguridad de la información sensible, debería haber negado la entrada de ERC, Bildu y la CUP en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, un error en términos democráticos, políticos e incluso diplomáticos que ya ha sido consumado. El primer resultado de la suma de tantos errores está a la vista de todos: un Gobierno aún más dividido, en el que además de los partidos coaligados y las formaciones asociadas, están divididos los ministros que comparten siglas con el presidente. Si le quedara un ápice de responsabilidad activaría el reloj de la democracia. La legislatura no aguanta más. Es necesario que las urnas expíen -con X- las culpas y errores de una mayoría parlamentaria basada en el pacto de Fausto con el diablo, que empezó siendo una película de Frankenstein pero que nunca alcanzó la altura de una de James Bond. Pero lo grave de todo es que quien realmente ha generado un gran problema de seguridad nacional al estado español es el propio presidente del gobierno.