Lecciones de la Inquisición para Rufián

No sabemos si don Gabriel Rufián, diputado, es consciente de que vive en un país con un Código Penal y una Ley de Enjuiciamiento Criminal que prácticamente autoriza el embargo preventivo de los bienes de un ciudadano, aunque no se hayan formalizado los cargos contra él ni se encuentre en calidad de investigado. En tiempos de la Santa Inquisición, el embargo era paralelo a la detención, es decir, cuando la investigación ya estaba avanzada, y exigía publicidad y un periodo de espera, por si hubiera reclamaciones de terceros, perjudicados en sus derechos por la medida. En el proceso, el inquisidor llevaba a cabo sus pesquisas en riguroso secreto, y aunque no se admitían denuncias anónimas, se podía recurrir a la delación de familiares y amigos, y, más tarde, con el reo entre rejas, al chivatazo de sus propios compañeros de cárcel. Aun así, había garantías procesales y, por supuesto, todo quedaba por escrito, debidamente archivado. Entre las acusaciones al Santo Oficio no es menor la de que servía al poder político, en este caso el del Rey, para mantener a raya a los notables del reino, como ocurrió con don Pablo de Olavide, el amigo de Voltaire, y escarmentarles en cabeza ajena. ¿Espiaba la Inquisición? Por supuesto. Y no sólo con sus equipos de delatores, sino tirando de antiguos condenados, a quienes se solía hacer seguimientos por si habían vuelto a las andadas heréticas, judaizantes y tal. Previamente, en pueblos y ciudades, se pronunciaba el pregón de la fe, a modo de exaltación de la Iglesia y su doctrina, para que nadie se llevara a engaño. Principios del tipo, «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Así que las perplejidades del señor Rufián con respecto al espionaje sufrido por sus compañeros de filas tienen respuesta en el proceso inquisitorial, bajo la premisa de que un hereje, por reconciliado, arrepentido y perdonado que esté, siempre será un hereje al que conviene vigilar, eso sí, desde la cautela y el secreto que presidían la actuación de los jueces. ¿Qué hacía Pere Aragonés cuando era vicepresidente de la Generalitat? A parte de favorecer la estabilidad política de España –propósito en el que el señor Rufián también ha tenido, tiene y tendrá un destacado papel– nada que no supieran la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Que mantenía un segundo móvil para contactar con los más extremistas del tsunami democrático? Pues será. Pero, entonces, los del CNI y los ministros de Sánchez concernidos coincidirán en que si aquello no se desmadró fue por la buena disposición de Aragonés, a quien deberían concederle la medalla de «benemérito de la mayoría de la investidura». Por supuesto, hay que comprender el cabreo del señor Rufián y compañeros mártires. ¡Con todo lo que han hecho estos chicos por Pedro Sánchez, van y les meten un Pegaso en el trigémino!

Mucho más comprensible, porque se ajusta a las reglas del juego, es lo de Marruecos y España. Si se trata de meter presión al adversario con un remedo de la marcha verde, qué menos que pincharle el móvil a sus jefes para prevenir cualquier reacción. Que desde lo de Perejil, cuando Aznar les envió a la Legión, no conviene fiarse.