Justicia diferente para la izquierda

Los etarras pueden ser defendidos por abogados militantes de partidos defensores de la organización criminal, los separatistas de letrados afiliados al independentismo, los poemitas por comunistas, pero los abogados de derecha o extrema derecha no pueden ejercer su profesión, menos aún si se trata de un proceso contra un cargo de Comprimís, Podemos, Esquerra Republicana, CUP y similares.

Así se desprende de las manifestaciones tanto de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Otra, como de su correligionario Joan Ribó, alcalde de Valencia. La primera afirma ser objeto de una cacería de la extrema derecha en el caso de los abusos de su exmarido a una menor, en cuya sentencia condenatoria se alude a la falta de rigor por parte de la Consellería que ella dirige y responsable de la tutela de la víctima. El segundo, por su parte, argumentó la defensa de Otra en que «se trata de una acusación que viene de un abogado de extrema derecha».

No importa que el juez instructor haya percibido indicio de delito en la vicepresidenta y haya trasladado la causa al Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforada, ni que el fiscal de este haya sumado a la petición de imputación. No. No les importa si hay o no delito contra una menor, sino que el asunto debe ser zanjado por la militancia ideológica del abogado.

Más aún, justifican su incoherencia para seguir en los cargos a pesar de ser imputados o procesados con lo que exigían al PP «podemos tener un problema con la Justicia, pero nunca vinculado a la corrupción o al robo de dinero». ¿Pueden prevaricar, violar, pegar a la policía, abusar, atentar contra la autoridad, organizar golpe Estado, ser cómplice de asesinato… como algunos de los suyos condenados? Líbrenos Dios de su Justicia. Así es la vida.