Sedición europea

El Gobierno social-podemita argumenta su decisión de rebajar la pena con la que se castiga el delito de sedición recurriendo a lo que se practica en «Europa», o en los «países de nuestro entorno». Hay quien lo ha negado, entre otras voces tan autorizadas como el Tribunal Supremo o Teresa Freixes, que han demostrado que las penas previstas en los países europeos son comparables o superiores a aquellas previstas en nuestro Código Penal. Importa poco, claro está, porque lo que cuenta en el argumento no es su veracidad, sino la invocación fetichista, ahora «cool», de «Europa» o «nuestro entorno» (muchos nos hemos preguntado alguna vez por qué Marruecos, Túnez, Argelia y Mauritania no forman parte de los «países de nuestro entorno»). Seguimos inmersos en aquel antiguo complejo de inferioridad que sobrecogió a las elites españolas hace ya más de un siglo y que tuvo su perfecta materialización en la ocurrencia de Ortega según la cual «España es el problema y Europa la solución». La ocurrencia, como es bien sabido, fue formulada cuatro años antes de que la Solución Europa se embarcara en la carnicería nihilista de la Gran Guerra del 14. No importó. La ocurrencia había calado y nadie que quisiera ser alguien en la intelectualidad española se ha atrevido nunca a discutirla.

De las elites intelectuales españolas, con un nivel de originalidad y valentía siempre fácil de describir, la ocurrencia se contagió a la opinión pública. Ahí sigue viva, y por eso el Gobierno social podemita recurre a ella para justificar una decisión tan incomprensible como la de rebajar las penas a quienes se levantaron en contra de la unidad de la nación, del Estado y del régimen constitucional. Seguramente la misma ocurrencia explica la poca respuesta que ha tenido por parte de la oposición. El PP, en particular, se ha atenido a otra línea argumental, que pone el acento en la gravedad del delito.

Actitud correcta, sin duda, pero que no tendría por qué ser la única. Conociendo el derecho de los países europeos, la justificación del Gobierno es fácil de desmontar. Y, sobre todo, evitaría que el propio Gobierno continuara recurriendo al argumento europeo para justificar políticas que poco tienen que ver con la realidad de Europa. Salvo la inefable Comisión Europea y el irrelevante Parlamento, no se sabe de ningún organismo político de la UE que apueste por la desaparición de los Estados nacionales. Excepto, claro está, el actual Gobierno central español, que aspira a dar a la sedición una dimensión europea, como si la modernidad y el progreso, que es lo que siempre hallamos en el fondo de la invocación a «Europa» y a «nuestro entorno», se tradujeran en políticas de disolución de los Estados nacionales. El silencio permite que esta ocurrencia, no menos descabellada que la de Ortega, se perpetúe e incluso se afiance en la opinión pública española. La sedición, en realidad, sería lo más europeo imaginable. Por eso hay que reducirle las penas. Dentro de algunos años, cuando se haya consolidado de una vez la España plurinacional, pasará a formar parte del relato mítico de la nueva entidad política que habrá surgido gracias a ella. Una respuesta sensata por parte de la oposición consistiría en contrargumentar lo de Europa y, sobre eso, proponer un aumento de las penas con respecto a las actuales y con respecto a la media europea. Aunque resulte poco «cool».