Apariencias institucionales

Como le ocurría a la mujer del César, que no sólo debía serlo sino parecerlo, las instituciones de un país no sólo deben ser honestas sino siempre parecerlo. Y este Gobierno no ha cejado un minuto por tratar de hundir la credibilidad de las instituciones: en algunos casos, porque han dejado de ser honestas más allá de cualquier duda razonable; en otras, porque han derribado la apariencia de honestidad generando dudas razonables.

Empecemos con el caso más flagrante e incontestable: el Centro de Investigación Sociológicas que ha devenido en un mero apéndice del aparato de agitación y propaganda del sanchismo. Atención a las dos preguntas, totalmente sesgadas que incluyó Tezanos en el sondeo que se publicó ayer. Primera: «¿Qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen parte en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal Constitucional?». Segunda: «De forma general, ¿está usted a favor o en contra de que los jueces del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes?». Huelga decir que ni el mandato estaba caducado (sino prorrogado) ni se prohibió al Parlamento debatir leyes (justamente el problema residió en que el Parlamento quiso modificar dos leyes orgánicas impidiendo el debate sobre esa modificación), pero eso no impide que el CIS sea instrumentalizado por Tezanos (es decir, por Sánchez) para lograr difundir sus propias mentiras.

Ahora bien, del mismo modo que es obvio que el CIS está totalmente corrupto con Tezanos al frente, no es tan obvio que el Tribunal Constitucional necesariamente deba estarlo con Conde Pumpido. Y, sin embargo, haga lo que haga a partir de ahora va a parecer igualmente un organismo bajo el control de Sánchez. Por ejemplo, uno de los primeros asuntos sobre los que pretende resolver el nuevo Constitucional es el recurso contra la Ley del Aborto que presentó el PP hace trece años. ¿Por qué justo ahora? Por un lado, tras trece años ya tocaba; pero, por otro, ¿ha habido que esperar a que se esté tramitando una nueva Ley del Aborto y a que Vox genere una polémica respecto al aborto para que el Constitucional se posicione al respecto? Puede haber sido una mera casualidad o puede ser otro ejemplo de instrumentalización institucional: en todo caso, las apariencias al respecto no son buenas.