Ley electoral a la carta

Que el bipartidismo ha pasado con nota su balance en la política nacional parece ya tan fuera de dudas como el anhelo por verlo revitalizado dados los precedentes de eso que bajo el mantra de la «nueva política» llegó para regenerar la vida pública y se quedó en los vicios de siempre corregidos y aumentados. La alternancia en poder se ha demostrado justa y eficaz, pero resulta evidente que hoy estamos pagando por lo que dejaron sin atender los dos principales partidos, más pendientes de su vocación de gobierno que de alimentar la «altura de miras». La reforma de la ley electoral para evitar que minorías no suficientemente representativas en el mapa sociopolítico nacional tuvieran la llave de la estabilidad de país, nunca se abordó con seriedad ni por socialistas ni por populares, sencillamente porque las formaciones minoritarias en su mayoría de corte nacionalista acababan siendo el apoyo perfecto para mantenerse en el poder siempre a cambio de concesiones que no pasaban precisamente por la defensa de los bailes regionales.

Aún recordamos a González cantar el sentido de estado del Pujol con el que tejió un provechoso pacto de legislatura, por no citar al Aznar que hablaba catalán en la intimidad mientras Arzallus le brindaba un «me gusta este José María». Pero ocurre que ya no son ni el PNV ni la antigua CiU las bisagras periféricas, sino un batiburrillo mucho menos apegado a la estabilidad constitucional sobre el que se sostiene el Gobierno y que obliga a todas las derechas a sumar «sí o sí» 176 escaños haciendo buena la máxima de que no se trata de quién gana unas elecciones, sino quién consigue gobernar.

La propuesta de Núñez Feijóo para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada ya tuvo sus ecos en otra de Rajoy convenientemente archivada en un cajón, aunque nunca es tarde si la reforma se hace de verdad y dota mediante la segunda vuelta en las urnas u otra vía, de mayor capacidad a la figura de los alcaldes. Difícil empresa, aunque la madre de este cordero sigue siendo, no tanto los gobiernos municipales como el nacional y dadas las circunstancias, la máxima no escrita en los últimos 45 años de situar en La Moncloa al candidato más votado parece que pasará a la historia. Con la ley electoral no se hicieron los deberes.