La absurda reforma de la LeCrim

Es cierto que es una reforma condenada, afortunadamente, al fracaso. La ruptura con Junts es una gran noticia, porque se aleja el riesgo de introducir una norma que atenta contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. A estas alturas conocemos lo que puede suceder con un Ministerio Fiscal controlado por el Gobierno. Hasta que no se establezca un mecanismo por el que el Fiscal General del Estado sea realmente independiente no se pueden otorgar las investigaciones penales a los fiscales. Por cierto, me parece ridículo el seguidismo con respecto a lo que hacen otros países europeos y algunos que no deberían servir de referencia en Iberoamérica. No deberíamos tener ningún complejo y mantener la instrucción en manos de los jueces. El problema no reside en que sean los magistrados, sino en que debería ampliarse la plantilla y dotarse de mayores recursos. Tengo un gran respeto y afecto por el Ministerio Fiscal, pero he sufrido y conocido a fiscales que eran sectarios y fanáticos hasta el extremo de atropellar los derechos fundamentales de los afectados en el procedimiento. Esto me hizo entender que la instrucción tiene que seguir en manos de los jueces.

En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España tengo el inmenso honor de tener como compañeros a Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce y Manuel Marchena, actualmente magistrado del Supremo, que son unos extraordinarios fiscales y unas bellísimas personas. Por tanto, mi rechazo a que la instrucción sea realizada por los fiscales se basa en el dato objetivo de la politización de la Fiscalía General. Es bueno recordar que al frente han estado personas como Dolores Delgado o Cándido Conde-Pumpido que son más socialistas que juristas. El poder del Ministerio de Justicia es enorme y Sánchez, desgraciadamente, no tiene ningún respeto por el Poder Judicial. Las reformas sanchistas no aseguran un sistema penal moderno y más garantista, pero sobre todo no hacen que sea independiente del Poder Ejecutivo y sus aliados parlamentarios. Es evidente que ninguno de los casos que afectan a la familia presidencial, al Gobierno y al PSOE hubiera sido investigado por la Fiscalía. En cambio, como sucedió con los que afectaron al PP, la acción popular y los jueces instructores nos garantizan el imperio de la ley y no el imperio de La Moncloa.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)