El plan de Sánchez para afrontar con éxito las elecciones de 2027 sigue el ritmo previsto. Es un escenario muy inquietante para el Estado de Derecho y la separación de poderes, pero no importa, porque su prioridad es mantenerse en La Moncloa a cualquier precio. Con la falsa excusa de transponer una directiva europea quiere controlar los medios de comunicación para impedir o minimizar las críticas que sufre su Gobierno, así como esconder los problemas que afectan a su partido y su familia. El primer paso en esa estrategia para mediatizar la libertad de expresión fue excluir de las campañas de publicidad a los medios de comunicación que no son afectos al sanchismo. Se ha hecho de una forma tan grosera como descarada, pero con absoluta impunidad. Es algo que caracteriza una legislatura marcada por su irritación contra aquellos que ponen de manifiesto una serie de prácticas autoritarias que son inaceptables en una democracia. El anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación no adapta la normativa española a la legislación europea en la materia, sino que es un escandaloso ataque contra la libertad de empresa, de expresión y de opinión.

Estamos ante una norma que sería inconstitucional en cualquier país de nuestro entorno, pero Sánchez tiene bajo su control el Tribunal Constitucional. A estas alturas tenemos la certeza de que las limitaciones de derechos o los actos inconstitucionales que le convengan serán refrendados por Conde-Pumpido que hará una de esas interpretaciones características de un defensor del uso alternativo del Derecho. Los términos regulación o gobernanza democrática son inquietantes cuando surgen de un Gobierno que se pudo constituir gracias a la compra de unos votos gracias a una amnistía manifiestamente inconstitucional, como señalan los juristas más prestigiosos de nuestro país. La conversión del Constitucional en un órgano político y politizado controlado por un sanchista como Conde-Pumpido es uno de los mayores escándalos de nuestra democracia. El registro público de medios de comunicación no busca la transparencia, sino controlar y amedrentar a los críticos con Sánchez y sus aliados. Es una medida innecesaria en una democracia, aunque sí es algo propio de concepciones autoritarias de la izquierda populista y radical iberoamericana, que es el modelo que inspira al sanchismo.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).