No es el cambio del clima, falta prevención

No es la primera vez, ni muy probablemente será la última, que desde el Gobierno se achacan al calentamiento global tragedias medioambientales que ni son nuevas ni han cambiado sensiblemente de forma. Sucedió con la Dana en Valencia, lo que antes se conocía popularmente como «gota fría», término ahora asociado, por lo visto, a posiciones negacionistas, y se ha repetido con la oleada de incendios de estas semanas. Por supuesto, detrás de las referencias climáticas, comodín de políticos poco eficientes, se ocultan carencias y deficiencias en la gestión pública. En el caso valenciano, con el barranco del Poyo, no se habían acometido las obras hidráulicas previstas para minimizar avenidas, ya que la izquierda nacionalista anteriormente gobernante desestimó el proyecto de ingeniería por razones ideológicas; y en los fuegos que asolan a España baste con señalar que en los últimos trece años se ha desplomado la inversión estatal -puesto que la comunidades son Estado- en prevención de incendios, pasando de 364 millones de euros anuales a 176 millones, mientras que la superficie arbolada en España no ha dejado de crecer a lo largo del último cuarto de siglo, con un incremento global del 33 por ciento de masa forestal. A partir de ahí, los responsables gubernamentales pueden intentar descargarse de responsabilidades en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, pero no será una postura acorde con la realidad de los hechos. No es cuestión de traer a estas líneas las tablas con los mayores incendios forestales registrados en los últimos 50 años ni, tampoco, los datos sobre la duración e intensidad de las olas de calor en el mismo periodo de tiempo -ya recogidos en LA RAZÓN-, con lo que baste con decir que se han producido peores incendios y sufrido temperaturas veraniegas más altas y prolongadas. Por lo tanto, no hay que buscar las causas en el campo de las excusas, sino en el de las tareas que no se han llevado a cabo con la suficiente diligencia, sin olvidar la funesta influencia de unas leyes medioambientales elaboradas desde el ecologismo urbanita radical, que no tienen en cuenta la realidad sobre el terreno. Por ejemplo, que en Castilla y León la densidad de población apenas llega a los 25 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que explica por sí misma la imperiosa necesidad de promover la actividad agropecuaria, cuanto más intensiva mejor, que es la mejor política frente al abandono progresivo y constante del medio rural. Por lo demás, podrán el Gobierno y la oposición enredarse en un cruce de acusaciones y reproches que será estéril mientras no se reconozca que hace falta más inversión en la prevención y cuidado de los montes, que las comunidades autónomas con mayor superficie forestal y menos población necesitan mejor financiación en este sector y que el ecologismo de salón no es la mejor guía para hacer frente al fuego.