Probando, probando...

Anda la Fiscalía Superior de Cataluña abriendo diligencias para saber si el Gobierno Catalán está preparando un referéndum ilegal y si está incurriendo en sendos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Bueno: para demostrarlo más bien, porque saberlo lo saben hasta en Angola, donde por cierto desconozco si Romeva ha abierto embajada. Tampoco le va a costar mucho más de dos tardes –me refiero a la fiscalía, aunque la afirmación también podría aplicársele a Romeva y a sus embajadas–; Otra cosa es lo que luego haga el tribunal con las pruebas: lo del delito de prevaricación, por lo visto, no suele ser del gusto de los jueces a la hora de sentenciar, y la desobediencia se liquida con unos cuantos meses de inhabilitación para cualquier cargo que no sea el de embajador de ese referéndum ilegal que es en lo que está Mas por encargo del Gobierno de Junts pels Sí.

En cuanto a la malversación de fondos, si la aprobación del Parlamento para reservar parte de los Presupuestos con el fin de financiar la consulta no es una prueba suficiente, que venga Dios y lo vea. Sabemos que la Justicia, además de tener sus procedimientos, necesita pruebas tangibles para demostrar lo que está más claro que el agua clara, pero todo este asunto del «procés» y la capacidad de frenarlo desde los juzgados ya suena a pitorreo. A Puigdemont y compañía lo que digan los tribunales se la bufa, que diría Iglesias.

Claro, que si tenemos en cuenta que al Congreso «se la refanfinfla» una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, como ocurre con el asunto de la estiba, a ver quién es el guapo, con o sin toga, que se va a atrever a tirar la primera piedra contra el dichoso referéndum de marras.