Rusia y la CPI

No había terminado la semana y Rusia anunció su salida de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, no faltaron los que aprovecharon para cargar contra Putin por dar semejante paso. La cuestión es más compleja. Cuando en 1998, se estableció este organismo eran recientes los horrores perpetrados en la antigua Yugoslavia y Ruanda y se pretendía impedir la comisión de crímenes de guerra y agresión, de genocidio y de lesa humanidad. Sin embargo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no fue firmado ni ratificado por países como Estados Unidos, China, Israel, Cuba e Irak. En otras palabras, naciones sobre las que pesan serias acusaciones, desde el principio, se colocaban fuera de una jurisdicción internacional que pudiera juzgarlas. En el caso de Estados Unidos –que no tenía a Trump como presidente– en 2002, el congreso aprobó la denominada American Service members Protection Act (Ley de protección de los miembros de servicio americano) que prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales la cooperación con la Corte Penal Internacional. Así, se veda la extradición de cualquier norteamericano a la Corte penal internacional y también que los agentes de la Corte realicen investigaciones en territorio de Estados Unidos. Además se prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que reconocen su jurisdicción. Según la página del Ministerio de Asuntos exteriores español –que da la sensación de llevar varios años sin actualizar– el 10 de julio de 2012, la Corte dictó su primera y única sentencia condenatoria –en realidad, ya van cuatro– imponiendo a Thomas Lubanga una pena de catorce años de prisión por el reclutamiento y utilización de niños soldado en la región de Ituri (República Democrática del Congo) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Hay que reconocer que, tras más de mil millones de dólares gastados, los resultados son escuálidos. Ni Cuba ni China responderán nunca por sus posibles acciones como tampoco lo harán EEUU o Israel. Cuestión distinta es si el crimen lo perpetra un sujeto nacido en el África austral. Ahora, con la salida de Rusia –sorprende que no se marchara antes– la Corte Penal Internacional aparece como una cáscara vacía que sólo sirve para crear gastos y, quizá, para amedrentar a aquellas naciones pequeñas que puedan perpetrar crímenes siempre que tengan lugar en África. A lo mejor España debería plantearse su permanencia en la institución y si no, al menos actualizar, la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.