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Una persona non grata

La Razón
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Hay gente que apaga el televisor cuando aparece Puigdemont. El rechazo va en aumento. No se recuerda el caso de otro político de la era democrática tan mal visto en España como él. Del pitorreo se ha pasado a la irritación. El personal agradecería que los medios de comunicación, sobre todo los de titularidad pública, redujeran al mínimo su presencia y dejaran de hacer el juego a este saltimbanqui de la política, prófugo de la Justicia, que sabe manejar bien los hilos de la propaganda en beneficio propio y que tiene a Cataluña como rehén de sus desquiciadas ambiciones y de sus ensoñaciones. Los de ERC y los de su propia formación no saben cómo quitárselo de encima. Hasta la Colau ha salido a decir que este hombre no es su candidato. Después de la «charla de café» de Rubalcaba con la coordinadora de JxCat, Marta Pascal, el ex dirigente socialista ha afirmado con contundencia que Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat y que la nueva legislatura recuperará las pautas legales. Lo mismo piensa el Gobierno. Ni siquiera podrá el huido delegar su voto en la investidura. Le espera la cárcel y el trastero de la historia catalana. ¿A qué viene tanta atención mediática? Se acabaron las contemplaciones. En su salida a Dinamarca le han cantado las cuarenta. Creo que Puigdemont ya no vende, sino todo lo contrario.

Muchos españoles, no sólo los que apagan el televisor cuando aparece este tipo con su flequillo, sus gafas y su sonrisa estúpida, rodeado de cámaras y comparsas, agradecerían al Gobierno de Rajoy una enérgica manifestación de protesta ante las autoridades belgas. Incluso con la amenaza de producir una sonada crisis diplomática en el corazón de Europa. No es de recibo que un prófugo de la Justicia, un enemigo declarado de España, siga utilizando el Reino de Bélgica como plataforma de sus alegatos, sus infundios y sus insultos al Reino de España. No se trata de forzar a la Justicia belga por más que en este caso puedan parecer discutibles sus actuaciones, confundiendo el juez las garantías con cogérsela con papel de fumar. Esto ha puesto de relieve la necesidad de unificar criterios en la UE sobre entrega inmediata de delincuentes peligrosos y desestabilizadores. Lo escandaloso e injusto es que Bélgica siga dando protección y amparo a un español acusado de sedición, de malversación y de quebrantar la convivencia democrática y el orden constitucional. De un país socio y amigo lo menos que se podía esperar es que el Gobierno lo declarara persona no grata y le diera veinticuatro horas para abandonar el país de acogida. Entre otras cosas, por razones de seguridad y de estabilidad del propio Gobierno. O, como mínimo, que le prohibiera hacer manifestaciones políticas mientras estuviera bajo la protección belga. Nada de esto ha ocurrido. Y no se sabe que el Ministerio español de Asuntos Exteriores haya llamado siquiera a capítulo al embajador de Bélgica en Madrid.