La concentración de poderes es tiranía

Cuando se presentan posiciones en relación con la injerencia del ejecutivo en el poder judicial se recuerda un hecho histórico, muy conocido la actuación del juez británico Sir Edward Coke que fue encarcelado por el rey Jacobo I cuando el monarca quiso participar en los juicios alegando que el rey podía intervenir en la condena o absolución de un inculpado, pues tenía tanta inteligencia como cualquier magistrado, a lo que se opuso con firmeza el juez Sir Edward manifestando que, ciertamente el rey tenía gran inteligencia pero carecía de la preparación y de los estudios necesarios para resolver sobre la libertad, la vida y los bienes de sus súbditos.

Como sucede con frecuencia, Coke fue acusado injustamente de malversación y recluido en la Torre de Londres, pero con su decisión estableció el equilibrio para las democracias y que se tuviera en consideración que los poderes tienen que permanecer independientes para alcanzar la verdadera democracia.

Se comprueba en ocasiones, que el poder ejecutivo pretende nombrar y dirigir a los jueces que han de impartir justicia, presentando constantes ataques injustificables y hay que rebelarse por lo que significa la dominación de un poder sobre otro, hasta se critican con total ignorancia las resoluciones judiciales por personas que nada entienden de derecho.

Sin independencia no es posible mantener la democracia, como expresó el ilustre profesor Alejandro Nieto. Ya hace siglos Aristóteles mantuvo con claridad que «la concentración de poder se convierte en tiranía». Aprobar una ley que establezca la posible nulidad de las actuaciones judiciales, o reprobar sus decisiones es contrario al Estado de Derecho teoría que hoy se defiende en todas las democracias de los países civilizados.

La única forma de alcanzar la libertad de un grupo social es la absoluta división de los poderes para que puedan frenarse entre sí. El gran filósofo francés Montesquieu tuvo el acierto de exponer esta tesis en su obra El Espíritu de las Leyes, proponiendo la manera más justa de gobernar, aunque esta teoría no era original pues ya John Locke la defendió con contundencia y lo cierto es que fue Aristóteles quien, muchos siglos antes, había presentado la tesis tan reconocida. Para el filósofo griego, un auténtico Estado de Derecho exige la división en tres ramas: el legislativo que es el deliberante, la gestión que es el poder ejecutivo y el tercero se confiere al judicial, encomendado a jueces independientes que aplican la ley. Si el ejecutivo interviene en el nombramiento de jueces, está en peligro la democracia.

Los gobernantes intentan con frecuencia extender su poder a los jueces utilizando diferentes formas, más o menos subrepticias. Cuando aspiran al poder defienden con pasión la independencia judicial, pero una vez que lo alcanzan pretenden obsesivamente conseguir la nulidad de las decisiones judiciales para que puedan aceptarse sus actuaciones, sin limitación alguna.

Hoy se ha incorporado esta teoría de la división de poderes a todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, aun reconociendo las dificultades que existen para mantener la separación. El ejecutivo intenta, con frecuencia impartir justicia con ataques a los jueces. Hay que estar alerta cuando se vislumbre el peligro para que se mantenga la verdadera separación que garantiza la libertad. Son los jueces que tienen una profunda preparación técnica, los que pueden impartir la justicia que emana del pueblo.

En España la teoría no se estableció en la Constitución de Bayona. El monarca asumió las funciones del legislativo, del ejecutivo y del judicial y es conocido el resultado. Se incluyó con posterioridad en la Constitución de 1812 a propuesta del ilustre extremeño Muñoz-Torrero, si bien Fernando VII, tras mantener su intención de marchar «por la senda constitucional» derogó la Carta Magna resultando un claro absolutismo, que el profesor Giuseppe Gorani definió como la forma de gobierno en la que una persona hace depender de su voluntad las vidas de todos los ciudadanos.

Por eso hay que rechazar cualquier movimiento que altere la aplicación de este sistema político que, sin duda, garantiza la democracia y evita la tiranía, como expresó el gran jurista Castán Tobeñas.

Guadalupe Muñoz Álvarezes Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.