La democracia resiste si la justicia no se doblega

Aunque no hay voz por más prestigiosa que resulte que sea escuchada por Pedro Sánchez, pues es conocida su escasa porosidad a la influencia externa, resulta significativo que, fuera del habitual orfeón al servicio de Moncloa, nadie se haya pronunciado en apoyo al plan de involución democrática que contempla el desguace del Consejo General del Poder Judicial y el control por el poder político de los nombramientos togados. El último ataque a la división de poderes y a la independencia judicial ni siquiera ha sido recibido con empatía por los habituales en la izquierda judicial, que en la mayor parte de los casos han replicado sin entusiasmo. La práctica totalidad de la carrera sabe lo que se le viene encima. El sanchismo y sus cómplices se han empleado a fondo en socavar el Poder Judicial, al que no se ha respetado como un igual y mucho menos en su papel constitucional y en su trabajo diario, sino al contrario, ha sido el objeto de una campaña de señalamiento e insultos desde el propio Ejecutivo que hubiera acabado con la carrera política de los autores en cualquier democracia plena del mundo. Desafortunadamente, no es nuestro caso. Si un día antes fueron las principales asociaciones profesionales las que alertaron sobre el atropello constitucional en ciernes, el presidente en funciones del Consejo General del Poder CGPJ, Vicente Guilarte, regaló a la opinión pública una aseveración que, a nuestro juicio, describe a lo que este país se enfrenta en este amargo tiempo. En su opinión, la pretensión de Moncloa resulta «aterradora». No estamos convencidos de que la opinión pública, Europa e incluso la oposición sean conscientes de la devastadora deriva autoritaria del sanchismo y de cómo se apresta a poner a su servicio los últimos reductos de los contrapesos democráticos que restan en el país. ¿Cómo es posible considerar que es posible acordar algo con el gobierno que ha hecho de la mentira y el bulo los activos principales de su gestión? ¿Cómo creer que Sánchez se avendrá a un pacto de integridad democrática que refuerce la independencia judicial cuando es el autor del asalto ilegal al CGPJ al que arrebató la posibilidad de cubrir vacantes hasta provocar casi el colapso en los tribunales superiores? ¿Cómo sentarse con un ejecutivo que ha engañado a la Comisión Europea pues nunca estuvo entre sus planes cumplir con los estándares comunitarios de despolitización de la Justicia? ¿Cómo hacerlo con quien ha convertido el Constitucional en un mero apéndice de Moncloa? Que el PP dé una última oportunidad al acuerdo para renovar el Consejo, con mediación europea, es un paso ingenuo más que sensato. Sánchez no se detendrá y dinamitará la Justicia tras expirar el chantaje a Feijóo. Cancelará la Constitución, con el control de facto de otro poder del Estado, como han jaleado sus aliados sin medias tintas. Toca resistir para prevalecer desde la convicción de que la democracia pervive si los leales servidores públicos no se doblegan porque saben que cuentan con la plena legitimidad.