¿Dónde tiene que veranear un presidente del Gobierno?

Es un tema que siempre resulta polémico. Las excusas son la seguridad y que es más barato que utilicen las residencias del Estado. Y que se les da, además, un uso continuado. Me resultan tan vagas como oportunistas. En cualquier caso, me parece mal que un palacio o una finca pública tenga un uso privado como son las vacaciones o los fines de semana de un presidente del Gobierno. Es cierto que hay ejemplos de todo tipo en los países de nuestro entorno, pero me decanto por los más austeros. Ni siquiera me parece bien en el caso de los presidentes de las repúblicas como Estados Unidos o Francia, aunque no me corresponde cuestionar aquello que a la mayoría de sus ciudadanos les parece bien. Este rechazo también lo aplico a la utilización de los aviones o los helicópteros fuera las labores propias del cargo. Nadie me convencerá de que encaje en este apartado el irse de fin de semana o de vacaciones, a un acto de partido, un concierto o un evento familiar. No es por una cuestión de coste económico, que es irrelevante en un país como el nuestro, sino de transparencia y buen gobierno.

Hay países donde el primer ministro no vive en una residencia como La Moncloa. ¿Es bueno o malo seguir ese criterio? Ninguno de los presidentes que hemos tenido vivía en un palacio antes de ocupar el cargo y no lo hacen después de abandonarlo, aunque todos tienen residencias dignas que hubieran podido ocupar en lugar de La Moncloa. A pesar de ello, no me parece mal que vivan en el mismo complejo donde está la presidencia del Gobierno, ya que es más operativo. En cambio, no tiene ningún sentido que Pedro Sánchez y su familia se desplacen en un Falcón para sus vacaciones de Semana Santa y que las pasen en Doñana. Lo han hecho algunos de sus antecesores en el cargo, por lo que no es una crítica personal, sino que la extiendo a ellos y a los que vengan en el futuro. Hay que elaborar una ley que regule estas cuestiones, ya que los bienes públicos no están para el disfrute personal de nadie. No soy optimista a este respecto, porque es difícil resistirse a los privilegios del cargo e incluso es fácil encontrar siempre excusas. No obstante, una democracia avanzada tiene que basarse en la ejemplaridad y la austeridad.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)