Derecho a la vida sin excepción

La exclusión del síndrome de Down de la lista de malformaciones fetales que permitirá a la embarazada abortar legalmente es congruente tanto con el espíritu de la reforma de la ley socialista que impulsa el Gobierno, que rechaza la existencia de «fetos de primera y de segunda clase», como con los compromisos internacionales adquiridos por España. En efecto, cabe recordar que el 21 de abril de 2008 nuestro país firmó el convenio de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuyo artículo 10 puede leerse que los Estados firmantes «adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a la vida por todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás». Igualdad de condiciones significa que el feto con síndrome de Down o con anomalías que son compatibles con la vida tiene el mismo derecho que los demás a ser protegido por la Ley y a no ser objeto de una discriminación cuyas consecuencias serían irreversibles e irreparables. Acierta el ministro de Justicia al establecer una nítida diferencia entre las anomalías incompatibles con la vida y aquellas otras que no ponen en cuestión su viabilidad, pues de lo contrario se incurriría en la selección eugenésica, moralmente rechazable y contraria a los Derechos Humanos. Para evitar interpretaciones subjetivas o arbitrarias, se tomará como referencia la lista ya elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de las malformaciones que son incompatibles con la vida, a la que se añadirán otras que aún están por determinar. El PP incluyó en su programa electoral la reforma de la ley del aborto que puso en marcha el PSOE en pleno estallido de la crisis económica y sin que hubiera demanda social alguna, simplemente como cesión al feminismo radical, como legalización de la actividad manifiestamente ilegal de la poderosa industria abortista y como cortina de humo con que ocultar la impopularidad de la gestión del Gobierno socialista. Por supuesto, y en contra de los falsos pronósticos con que la justificaron, esa ley no redujo el número de abortos, al contrario. Lo que pretende el ministro Ruiz-Gallardón, sin embargo, no es volver simplemente a la casilla de salida, sino establecer una defensa efectiva del derecho a la vida y de la mujer embarazada, taponando al mismo tiempo los agujeros que tenía la legislación de 1985, auténtico coladero para la práctica arbitraria de la mayoría de los cien mil abortos registrados cada año. Poner coto a esa barbarie, de la que algunos han hecho grandes negocios, velando legalmente por la vida del no nacido, al mismo tiempo que se protege la maternidad con medidas eficaces, es la esencia de la reforma prometida por el PP y que el Gobierno de Rajoy pondrá en marcha dentro de pocos días.