Otegi es un terrorista y no debe estar en las instituciones

Cualquier reflexión sobre la polémica en torno a la candidatura de Arnaldo Otegi a lendakari estará desenfocada o desvirtuada si no tiene en consideración un principio fundamental que lo marca todo: hablamos de un terrorista, condenado por actividades y pertenencia a una banda criminal tras un proceso judicial con todas las garantías de un Estado de Derecho, hasta el punto de que la sentencia ni siquiera fue recurrida por la defensa del dirigente proetarra, que la dio por buena. Cualquier valoración o conclusión sobre el futuro de Otegi que prescinda de esta circunstancia determinante no será certera ni seria, pues estará escamoteando a la opinión pública un hecho clave. Esa condena, además de los años de cárcel por sus actuaciones terroristas, incluyó la inhabilitación para ser elegido cargo público, con mención expresa del sufragio pasivo, hasta 2021, el elemento que le distingue del precedente que manejan los abogados del proetarra en torno al «caso Casanova», condenado a once años de prisión por su vinculación a ETA, pero que pudo presentarse a unas elecciones porque no se especificaba en la sentencia los cargos para los que estaba suspendido. Es tan simple y contundente como esto. La singularidad por lo simple del asunto es tal que parece casi imposible encontrar un dictamen jurídico mínimamente solvente que defienda la legalidad de sus aspiraciones a concurrir a las elecciones autonómicas del País Vasco. Por tanto, la Junta Electoral de Guipúzcoa debió ayer constatar estos hechos, más allá de que se trate de un primer paso cuyo epílogo muy probablemente será escrito en última instancia por el Tribunal Constitucional en septiembre. Otegi da por hecho un desenlace adverso. Lógico, más aún cuando se discute hoy que los imputados o investigados en una instrucción deban ser apartados de la política. Pero eso es lo de menos, pues estamos seguros de que lo tenían descontado. Su propósito real es que el lío político y mediático se convierta en el eje de la campaña de Bildu y, de paso, su posibilidad más real de recuperar terreno electoral a Podemos. Se trata de aspirar a ser decisivos en la formación de una mayoría en el nuevo Parlamento y frenar el paulatino declive de una fuerza desnortada y sin futuro en la nueva realidad del territorio. La operación Otegi es, por tanto, el primer, y puede que único, gran movimiento electoral para instrumentalizar un falaz victimismo proetarra con el que ganar terreno. Quienes colaboren con ello de una forma u otra no sólo estarán dando resonancia y altavoz a un adversario, sino que también estarán alentando un proyecto inmoral que tiene las manos manchadas de sangre inocente. Porque aquí no cabe la desmemoria ni el pasar página como si nada hubiera ocurrido en los últimos 40 años. Deben tenerlo claro. Otegi, algunos de sus candidatos y muchos de sus acólitos no han sido presos políticos ni de conciencia. Nunca fueron luchadores por la libertad, sino liberticidas. Nunca pelearon por recuperar los derechos de los vascos, sino por reprimirlos y oprimirlos. Gente así no puede ni debe estar en las instituciones junto a aquellos que fueron sus víctimas hasta hace nada. Hay demasiadas tumbas que les señalan. También a sus palmeros en otros rincones de España y a los equidistantes. Pedro Sánchez tiene motivos para pensar sobre su actitud en el asunto Otegi, ese ponerse de perfil, tan distinta a la de PP y Ciudadanos. Ése no puede ser el camino. La dignidad pide y exige otra cosa.