Presupuestos para el final de la crisis

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer los primeros Presupuestos Generales del Estado expansivos desde el largo periodo de la crisis y el proceso de recuperación económica. Se incrementa la inversión pública, se recupera el poder adquisitivo de los funcionarios, se atiende a los sectores más débiles, como el de los pensionistas; se rebaja la presión fiscal a las rentas medias, se arbitran ayudas significativas para las familias numerosas, se aumenta el gasto en la educación superior, con mayor dotación para becas; se reducen impuestos en actividades, como la industria cinematográfica, que habían sufrido sensibles ajustes y se incrementa la financiación de las administraciones territoriales. No sólo son, de hecho, las primeras cuentas del Estado en cinco años que no están condicionadas por el control del déficit, sino que certifican la buena salud de la Economía española, reconocen el éxito del esfuerzo realizado por el conjunto de la sociedad y, no hay por qué ocultarlo, lo idóneo de las reformas acometidas en su momento por el Gobierno del Partido Popular. Ahí están los indicadores que muestran un cuadro macroeconómico fuerte, con crecimiento del PIB sostenido, aumento récord de los ingresos fiscales del Estado y mejora del mercado de trabajo, factores imprescindibles para abordar lo que se ha dado en llamar el «reparto equitativo de la recuperación», que no es más que coser, en lo posible, las heridas causadas por la mayor recesión que ha sufrido la economía mundial desde 1945. Por supuesto, el proyecto presupuestario para 2018, al menos en las grandes líneas expuestas, deja sin virtualidad alguna el discurso de la izquierda –especialmente del PSOE, que ayer insistía en los tópicos catastrofistas–, al tiempo que produce la paradoja de que los mismos que critican su «escaso gasto social», son quienes más denuncian el presunto carácter «electoralista» de algunas de las medidas que más inciden en los sectores más desfavorecidos de la población. Pero aunque podría admitirse el socorrido debate sobre el oportunismo político en tiempos electorales, lo cierto es que el proyecto del Gobierno está lejos de apuntarse a la barra libre del gasto, por cuanto opera sobre las previsiones de unos ingresos fiscales más suficientes para mantener el equilibrio de las cuentas públicas, que es un compromiso ineludible adquirido con Bruselas. En realidad, estamos ante las consecuencias, positivas, del cambio de ciclo en el que se encuentra la economía española, y ante la ocasión de aprovechar los vientos de cola del crecimiento económico internacional que pronostican todos los analistas. Es, también ahora, cuando se dan las circunstancias precisas para que aumente el nivel salarial español, que es, probablemente, el último obstáculo a salvar en el proceso de recuperación. Por supuesto, todo será mucho más difícil si el Gobierno no consigue aprobar los PGE y debe prorrogar los anteriores. Pero, de ser así, la responsabilidad de las oportunidades perdidas no se debería achacar sólo a quien carece de la mayoría parlamentaria suficiente, sino a la de aquellos partidos políticos, como el socialista, cuyas posiciones en materia de política económica y financiera, aunque posibilistas, no están tan alejadas del modelo con el que opera el actual Gobierno de centroderecha, pero que se obstinan por cálculo electoralista o simple sectarismo en rechazar cualquier posibilidad de acuerdo. Caso a parte es el PNV, que condiciona su apoyo a unos presupuestos que, objetivamente, son mejores para todos, a la situación política en Cataluña, pero exigiendo el desarme del Estado frente a quienes no ha dudado en atacar a la democracia. Nadie pide a la oposición que le de un cheque en blanco al Gobierno, sólo que, al menos, se avengan a negociar con voluntad de acuerdo.