Rajoy sigue siendo el único que puede formar Gobierno

Ningún hecho relevante, ninguna novedad ha sucedido en la vida política española desde que el pasado 2 de septiembre el Parlamento rechazó la investidura a la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, el único suceso reseñable es el tortuoso camino emprendido por el secretario general socialista, Pedro Sánchez, no sólo para endosar a su adversario la responsabilidad del bloqueo político que sufre España y, en su caso, la culpa de una repetición de las elecciones, sino para insertar en el imaginario colectivo el nuevo relato del «pacto por el progreso», que le otorgue lo que le han negado las urnas. Hasta ahora, tal y como reflejan todas las encuestas publicadas, la mayoría de los ciudadanos se niega a comulgar con las ruedas de molino socialista y señalan a Pedro Sánchez como directo responsable de la situación. Incluso entre los votantes del PSOE, la mayoría mantiene la opinión de que el candidato socialista debería dejar paso a un gobierno en minoría de Rajoy y centrarse en su papel de oposición. Esta postura era compartida editorialmente por los principales medios de comunicación españoles, y aun extranjeros, por entender indeseable una repetición de elecciones o la formación de un frente de izquierdas que, forzosamente, debería incluir a unos partidos separatistas catalanes echados al monte de la desafección. También, por supuesto, al entender que la opción de Mariano Rajoy es la que más se acerca al resultado del voto popular del pasado 26 de junio, cuando el PP le sacó al segundo partido, el PSOE, 52 diputados de ventaja en el Congreso. De ahí que sea difícil de explicar a una opinión pública informada que unos hechos meramente incidentales, previstos y que no afectan a la composición del Parlamento, –como son unas actuaciones judiciales en fase de instrucción e investigación–, puedan modificar radicalmente la interpretación y la valoración de la realidad. En primer lugar, porque ninguno de los casos que acaparan estos días los titulares ni afectan al presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni son nuevos: colean desde hace años al ritmo de una Justicia demasiado lenta. En segundo lugar, porque ya han sido testados y, en su caso, castigados en las urnas. Por supuesto, entendemos que desde el PSOE y la izquierda radical, cuyas perspectivas electorales en las inmediatas citas de Galicia y el País Vasco no acaban de mejorar, se utilicen los casos de corrupción que afectan a otros como munición arrojadiza, incluso que se añadan al endeble argumentario del llamado «pacto del progreso», pero nada de ello significa cambio de fondo alguno en el escenario de la crisis política actual. Sin duda, al Partido Popular el calendario judicial le vuelve a ser desfavorable en unos momentos sensibles, como son unas elecciones o las negociaciones de formación de Gobierno. Pero no queda otra que respetar los ritmos de la Justicia y prestar la máxima colaboración en las investigaciones y procedimientos en curso. En este sentido, nadie podrá decir que el Gobierno, antes y ahora, haya tratado de interferir en la labor de jueces y fiscales, que actúan con absoluta libertad y de acuerdo a sus tiempos. En definitiva, como señalábamos al principio, ningún hecho sustancial modifica la realidad del bloqueo mantenido por quien se niega a aceptar que ha perdido las elecciones. Y dos veces.