Que el Juez del Tribunal Supremo haya dado por concluida la instrucción contra Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, procesándolo junto con la fiscal jefe de Madrid por considerarles responsables de filtrar el correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal, es de una gravedad sin precedentes. Esa conducta la considera acreditada el Juez Ángel Hurtado y constituiría, según el, un delito de revelación de secretos, cometido por la Fiscalía tras recibir indicaciones del gobierno para ello, con la finalidad de «ganar el relato» respecto a la información publicada sobre ese asunto. El correo filtrado tenía el objetivo de contestar afirmativamente al pacto ofrecido por la fiscalía a Alberto González Amador -la pareja de Ayuso- reconociendo la comisión de dos delitos fiscales, y alcanzar de esa manera un acuerdo de conformidad penal. Según la instrucción, el fiscal general habría enviado el citado correo a la cadena SER el 2 de febrero de 2024 «sujeto a criterios de reserva y confidencialidad». En paralelo lo envió a una asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que se lo remitió a Juan Lobato, entonces portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, para que «lo utilizara allí el día 14 en contra de la presidenta Isabel Díaz Ayuso». González Amador era y es su pareja, y Lobato se negó a lo solicitado levantando acta notarial de lo sucedido por tratarse de un posible delito de revelación de secretos. Hoy Lobato no es el portavoz socialista; el secretario general de la Federación socialista madrileña es el entonces director del gabinete de Sánchez, Óscar López hoy Ministro y proclamado candidato contra Ayuso. Y su mano derecha en el partido es precisamente Pilar Sánchez Acera. En cuanto a Álvaro García Ortiz, sigue como cabeza de una institución que tiene por misión principal promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Es evidente por tanto la manifiesta incompatibilidad de asumir la máxima autoridad de esa misión constitucional por quien va a ser juzgado por un presunto delito al actuar cual si fuera un asesor jurídico político del gabinete de Sánchez. Por supuesto que la presunción de inocencia ampara a García Ortiz como a cualquier otro ciudadano, pero la solución es muy sencilla: ser apartado o apartarse de esa responsabilidad hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo. Y si fuera declarado inocente, reintegrarle a ese puesto con todos los honores precisos. Pero entretanto, es necesario por el respeto debido a la Justicia y su independencia, no contemplar el denigrante espectáculo de verla juzgada en el banquillo de los acusados.