ETA: a pagar los daños

En mi libro «La financiación del terrorismo» he sostenido que España ha adolecido tradicionalmente de severas deficiencias institucionales con respecto a los dineros terroristas, fruto de una carencia de voluntad política para privar a las organizaciones armadas de los recursos que necesitaban para desplegar su violencia. Esto fue cierto con respecto a ETA y lo sigue siendo ahora con relación al yihadismo, como revela la escasez de resoluciones judiciales centradas en ese problema.

Una derivación de esa incuria es la que se refiere a la ausencia de una persecución sistemática hacia los terroristas que, una vez excarcelados, no han satisfecho las cantidades a las que, por responsabilidad civil, fueron condenados en su momento. Para nuestras autoridades, singularmente para el Ministerio del Interior, parece que ha sido suficiente la subrogación por parte del Estado de esas obligaciones hacia las víctimas del terrorismo y que, por ello, no han tratado de recuperar las cantidades correspondientes. Así lo muestra la respuesta que dio ese departamento a la Audiencia Nacional cuando fue requerido al respecto, al señalar que en su «base de datos no consta ningún procedimiento de recaudación abierto en vía administrativa» sobre el asunto. Sin embargo, aunque pueda parecer increíble, son casi 600 los millones de euros (a precios actuales) los que los etarras adeudan al Estado por aquel concepto.

Afortunadamente, gracias al empeño de Dignidad y Justicia, la Audiencia Nacional ha tomado ahora cartas en el asunto al ordenar el embargo del sueldo de Miren Arantzazu Karrera para hacer frente al pago de las responsabilidades civiles derivadas de los dos asesinatos de ETA en los que participó. Esta terrorista está relacionada actualmente con la coalición EH Bildu y, de hecho, formó parte de sus listas electorales en las municipales de 2019. Así que, a partir de ahora, dejará de cobrar la totalidad de su sueldo para verlo rebajado a la cuantía del salario mínimo, pues el resto debe ser reintegrado al Tesoro del Estado. Se corrige de esta manera una anomalía de la que se han beneficiado numerosos etarras que nunca han hecho frente a sus deudas con las víctimas que ellos mismos provocaron. Esperemos que el ejemplo cunda y que el ministro Marlaska se ponga a la tarea.