Fraude de ley con ataque a la Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió ayer que el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quiera estar «aforado» como miembro de la Asamblea regional «para hacer oposición al Gobierno de Extremadura». Para él, no existe debate jurídico sobre si Gallardo está protegido por ese privilegio porque es «un hecho absolutamente objetivo» que cuenta con la acreditación precisa. El ministro comparte y agita el argumentario elaborado desde Moncloa para revestir una operación que a nadie se le escapa ha sido urdida desde ese mismo Palacio en cuanto se conoció que los implicados en la trama de los conservatorios se sentarían en el banquillo. Así que lo normal es que Bolaños arrope a David Sánchez y a Gallardo y arremeta contra la juez Biedma en la enésima manifestación de cómo no debe conducirse un titular de Justicia en una democracia. Se pide y se proclama respeto para los tribunales con una mano mientras con la otra se atiza el linchamiento contra los instructores que investigan la corrupción sanchista y se perpetra una infame reforma de la carrera judicial y la fiscal que dinamita el mérito, la capacidad y la igualdad y de paso la imparcialidad y la independencia de los órganos jurisdiccionales. A estas alturas, tras siete años de hostilidad y difamación desde el poder político, no debería sorprender que esta deriva bolivariana, antitética de los estándares europeos, con aromas mexicanos o venezolanos, haya provocado ya la primera movilización de jueces y fiscales con un paro contra los planes del Gobierno sanchista y con acciones en Bruselas. Vivimos una gobernanza que rezuma intolerancia a la recta interpretación del derecho. Ni la Ley ni la Constitución han sido diques de contención y respeto. Como última referencia sirva la fuga exprés del barón extremeño al Parlamento y la controversia que no debería ser tal. Se parece demasiado a un fraude de ley como para no serlo. Existe mala fe procesal para lograr ventajas injustas y entorpecer la causa, con retrasos y alteraciones inherentes al traslado a un órgano superior. La chapuza sólo se puede interpretar como un atentado contra el juez ordinario predeterminado por la ley que mandata la Constitución. Esta fuera de toda duda que la treta del PSOE y el Gobierno desnaturaliza el propósito del aforamiento y supone un abuso de derecho que no puede ni debe prosperar. Es una más. La última. Sabemos que al sanchismo le cuesta entender que todos los españoles somos iguales ante la Ley. También que la división de poderes es una condición imprescindible para la democracia, como el respeto debido al trabajo y a las resoluciones de los magistrados. La injerencia política, toda ella, supone un ataque a los derechos fundamentales y la garantía de una libertad menguada.