Funcionarios en pie de guerra contra la inanidad

Óscar López y María Jesús Montero, a la sazón ministros de Función Pública y Hacienda, tienen encabronada a la plantilla funcionarial de este país, y no por una razón, sino por muchas. López no consigue calmar del todo los ánimos sindicales con su pírrica oferta salarial del 11% en los próximos tres ejercicios y sin ninguna otra contraprestación importante. De momento, esta subida, calificada desde el Ministerio como «inamovible», vuelve a contar con el beneplácito de la poco beligerante con el Gobierno UGT, mantiene las dudas de CC OO y vuelve a chocar contra CSIF, que exige que además de una nueva oferta salarial –que permita a los más de tres millones de empleados públicos recuperar y mantener su poder adquisitivo–, se cumpla con la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, se desbloquee y recupere la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, peticiones que López ignora conscientemente una y otra vez ante la indignación sindical, al menos de CSIF. Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, irán el miércoles a la huelga para exigir a Montero un mayor reconocimiento de sus funciones, de la complejidad de su trabajo y de sus responsabilidades, además de para denunciar el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad, el deterioro de la estructura administrativa y la pérdida de recursos clave, que impacta en la lucha contra el fraude. Sus reclamaciones no son baladíes, porque los datos evidencian que las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82% desde 2011 como consecuencia de un débil control de los grandes evasores, mientras aumentan las presiones a particulares, autónomos y pymes. Es decir, se multiplica el acoso a empresas y clase media mientras, por falta de planificación y medios, se escapa el verdadero delito fiscal. Los ciudadanos debemos tener la garantía de que el sistema no se concentra solo con los pequeños errores de los contribuyentes, la gran mayoría sin malicia y fruto de la complejidad burocrática, y que se enfoca en mejorar el control del gasto público. Por eso es urgente una reorganización de las estructuras de la Agencia Tributaria que permita una lucha contra el fraude y un control del gasto más eficiente. Montero ha tenido siete años para hacerlo, pero en vez de elegir este camino ha preferido centrar sus esfuerzos en martirizar un poco más a una clase media a la que parece despreciar solo por serlo.