Incongruencias en política exterior

El Gobierno presume de posicionarse como un actor ético en las relaciones internacionales apelando a sus principios y valores democráticos en defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, la reciente ruptura comercial con Israel, sustentada en un discurso centrado en la protección de los derechos humanos de los gazatíes contrasta abiertamente con la complaciente cooperación con países que presentan graves quiebras del Estado de Derecho y ausencia absoluta de valores democráticos.

Nuestro Gobierno ha convertido a China –gobernada por su Partido Comunista– en socio preferente y estratégico, omitiendo sistemáticamente cualquier tipo de denuncia o, incluso, simple crítica frente a sus abusos generalizados, tan propios de un estado totalitario como el chino. En 2023, el comercio bilateral ascendió a más de 51.800 millones de euros, con un fuerte desequilibrio: mientras España importó productos chinos por más de 45.000 millones, apenas exportó al país asiático por valor de 7.500 millones. El presidente del Gobierno ha viajado en varias ocasiones a Pekín, para fomentar esta relación. Paralelamente, España ha concedido a la empresa china Huawei amplios contratos, poniendo en sus manos áreas sensibles para la seguridad nacional, lo que le ha valido críticas y reproches de nuestros, teóricamente, más estrechos socios y firmes aliados, que consideran esta decisión inadecuada y sumamente peligrosa. Amnistía Internacional estima que en China se producen entre 3.000 y 6.000 ejecuciones anuales documentadas, junto con detenciones arbitrarias, torturas y represión política sistemática, incluida la dirigida contra la minoría uigur y contra intelectuales o simples disidentes. A pesar de tales abusos, España es el único de los grandes países europeos que sigue extraditando a personas reclamadas por Pekín tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohibió a Polonia extraditar a un ciudadano taiwanés a China, con base en el riesgo de que no se respetaran sus derechos fundamentales y, especialmente, por el peligro de tortura y malos tratos en las cárceles chinas.

Rusia, pese a su agresión criminal en Ucrania y a la represión interna –con opositores silenciados, periodistas perseguidos y muertes nunca aclaradas– mantiene con España unas relaciones diplomáticas «amistosas». Se compran gas y petróleo y, además, se hacen otros negocios, mientras las críticas apenas rozan lo superficial. España aplica sanciones dictadas por Bruselas, pero evita cortar los lazos esenciales.

En el caso de Venezuela, España importó en 2022 unos 4 millones de barriles de crudo venezolano pese a la crisis institucional y represiva del régimen de Maduro. Solo entre enero y septiembre de ese año se registraron 488 ejecuciones extrajudiciales, según COFAVIC y la ONU. Mientras, la UE ha impuesto sanciones selectivas contra altos cargos venezolanos, sin que España se haya alineado plenamente con ellas. Si bien nuestro país ha suscrito declaraciones conjuntas denunciando la represión, ha evitado emitir condenas claras o adoptar rupturas significativas en la cooperación económica o energética al tiempo que existen serias dudas sobre una, no declarada, pero intensa colaboración hispano venezolana.

En términos generales, nuestra política exterior colabora activamente con otros gobiernos de izquierda radical sobre la base de una supuesta solidaridad ideológica, desprovista de exigencias éticas. Algunos de esos gobiernos reciben por parte del nuestro un trato especialmente cordial y cooperativo, sin que dicho apoyo se condicione al cumplimiento de estándares democráticos ni a compromisos efectivos en la lucha contra la corrupción o el narcotráfico. En contraste, hacia Israel se actúa con contundencia, incluso en contra de nuestros propios intereses y poniendo en riesgo nuestra seguridad. Esta asimetría revela una solidaridad ideológica selectiva y una política exterior sesgada, guiada más por simpatías políticas que por principios y valores democráticos. Al mismo tiempo nos hemos convertido en el aliado más incómodo de la OTAN y el menos generoso con Ucrania a pesar de las buenas palabras con Zelenski.

Estas incongruencias revelan un relativismo moral y un utilitarismo ético guiados, no por verdaderos principios, sino por inconfesados intereses coyunturales de índole política, económica o ideológica, ajenos a los intereses generales de España. La coherencia exige sostener principios que trasciendan la mera conveniencia coyuntural. Si España aspira a tener una mínima credibilidad internacional, no basta con lanzar condenas retóricas e intrascendentes hacia gobiernos afines mientras se aplica una extrema dureza contra otros. Es imprescindible establecer un marco institucional que se aplique de forma efectiva y coherente en todos los casos, respaldados por hechos consistentes. Este sesgo y estas incoherencias han debilitado la proyección internacional de España, erosionando su credibilidad hasta acercarla a la irrelevancia más absoluta, como se ha evidenciado en fechas recientes.

Tomás Torres Perales abogado y economista.