Organizados

La ONU es invocada a menudo por miembros del gobierno: variadas iniciativas políticas de la parte podemista proceden de esta organización internacional, las vinculantes y las meras recomendaciones. Pero, ¿todos los países aplican las resoluciones del Consejo tan disciplinadamente como España? No parece. ¿Estaremos acatando así la ideología de la mayoría de países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, que no son democracias liberales, ni pertenecen a nuestra tradición jurídica o cultural, pese a que generan usos y costumbres en Occidente…? La ONU dicta, pues, sensibles leyes españolas. Aunque, ¿quién ha elegido a sus dirigentes? Además, ni siquiera los juristas especializados están seguros de que haya que seguir los preceptos de la ONU. Ghana, Albania, Gabón, China y Rusia (¡miembros permanentes!), Emiratos Árabes…, ¿son entonces fuentes de Derecho en España, inspiración para nuestros legisladores…? El wokismo bolivariano –esa enfermedad infantil del comunismo siglo XXI–, florece bien en la ONU. Las autocracias, los regímenes más crueles y las dictaduras más desvergonzadas tienen una mayoría de representación allí, porque son mayoría en el mundo. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han ejercido su poder la Cuba castrista y la Venezuela chavista, imponiendo normas a países que, como el nuestro, las aplican sin titubeos, con entusiasmo. Quienes ejecutan órdenes y consignas de la ONU son, de hecho, agentes transmisores de mandatarios que, por cierto, no son reconocidos por su democracia, transparencia y justicia. La ONU es un ente ajeno a la mayoría de ciudadanos del planeta, gobernado por una suma mayoritaria de empleados provenientes de dictaduras escalofriantes que, pese a todo, «colocan» leyes en países europeos donde extremistas minoritarios nacionales las imponen. Esto es: una mayoría no democrática del mundo tiene en países como el nuestro un brazo ejecutor legislativo, que aprueba leyes sensibles… Con el auxilio imprescindible del miedo y la desidia de quienes –siendo mayoría en el parlamento y por tanto en la sociedad–, consienten que minorías radicalizadas apliquen sus leyes, y se valgan de ellas para hacer ingeniería, no solo social, sino ideológica, sentimental y existencial. (Vale).