El precio de la impunidad

Sánchez le ha vacilado a España teniendo al país en vilo durante cinco días para nada. Incluso con la parafernalia exagerada de ir al Rey para decirle que se queda. Al jefe del Estado se le va a ver cuándo ha decidido uno dimitir, no para que todo siga igual. Mejor dicho, no para que vaya a peor. Porque, ¿qué va a pasar? Una cosa queda clara tras el discurso teatrero de ayer: habrá consecuencias, utilizando su expresión. ¿Cuales? Podemos imaginar que las peores.

Sánchez no está dispuesto a que un juez cualquiera y unos periodistas traten a su esposa como en su día al marido de Soraya, al de Esperanza Aguirre o al hermano de Ayuso. A estos familiares de políticos de derechas se les puede perseguir, insultar o denigrar, incluso cuando la Justicia declara su inocencia. A Tomas Díaz Ayuso le sigue llamando Sánchez «corrupto» pese que su caso ha sido archivado sin reproche judicial alguno. Da igual, es culpable porque es hermano de la presidenta madrileña, y los familiares de las derechas son corruptos aun siendo inocentes. Cosa distinta es lo de su esposa. Feijóo ni tan siquiera la menciona por su nombre, por respeto institucional. Comprensible, aunque ellos no hacen lo mismo. Begoña Gómez debe estar por encima de cualquier otro ciudadano del país, por el hecho simple de ser la esposa de Pedro Sánchez. Razón por la que nuestro timonel no ha dado ni media explicación sobre las sospechas que sobre ella caen por actividad inconveniente. Lobato, sin ir más lejos, convocó a la Prensa en compañía de su padre para explicar con total detalle las insinuaciones que contra ellos hubo por las mascarillas. Pero Sánchez no, él no va a dar ninguna explicación, porque está por encima de cualquier otro ciudadano, y no admite que a su esposa le denuncie la misma asociación que se querelló contra la Infanta Cristina y su marido.

Huele a peronismo, a cesarismo, a polarización extrema y frentismo guerracivilista. Huele a depuración. Cabe imaginar las consecuencias de que habla Sánchez. Medidas contra los que le atacan: la derecha, los jueces y la Prensa. Primero, la derecha, a la que le espera una legislación a lo Maduro «contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares». Ahí entra de todo. Segundo, el estamento judicial, quitando a los magistrados la potestad de instruir, que será otorgada a los fiscales. Dado que la Fiscalía depende del Gobierno, solo se investigará aquello que quiera el Gobierno. Nunca a la mujer del presidente, por supuesto. También renovará a su antojo el Poder Judicial, para que deje de incordiar. Y en el caso de la Prensa, una ley contra la «desinformación», con cierre de medios críticos, mordaza a periodistas y clausura de canales de Telegram y WhatsApp. A esto ya aludió Úrsula Von der Leyen en el Foro de Davos, de modo que no hará nada distinto a lo que está ya en el pensamiento de las más altas instancias de la Unión Europea.

Nos esperan días de gran tribulación. Lo tenía en la cabeza, pero el «caso Begoña» le ha dado la baza que precisaba para poner en marcha su siniestro plan de purgas, consistente en limitar la democracia, pero en nombre de la democracia.