¿A quién le importa el imperio de la ley?

No hay duda de que doce de los 15 integrantes de la Junta de Fiscales del Supremo ponen por delante la separación de poderes y el Estado de Derecho a las maniobras organizadas por el sanchismo para complacer a Puigdemont. Es una buena noticia, porque confirma que hay once juristas dignos que consideran que hay indicios suficientes para imputar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic tal como establecía el magistrado García-Castellón. Uno de ellos no se sumó a lo que hacía referencia al fugado expresidente catalán, aunque sí a lo que sucedió esos días. Los siguientes pasos son muy interesantes, porque ahora corresponderá a la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, fijar la posición del Ministerio Fiscal. El problema reside en que ir en contra de una opinión mayoritaria tan contundente sería un acto escandaloso, ya que se trata de los fiscales más prestigiosos de la carrera. Es cierto que estamos curados de espanto y cualquier disparate es posible en los tiempos del sanchismo.

Por otra parte, hay que recordar que la decisión de abrir una causa penal contra Puigdemont está en manos de la Sala de Admisiones del Supremo. Nadie está por encima de la ley, como pretende el Gobierno intentando conceder una impunidad universal para Puigdemont y el resto de los políticos que atentaron contra el ordenamiento constitucional y estatutario. La vicepresidenta Montero cayó en la desmesura tan absoluta como absurda al considerar que «salvar a Sánchez es salvar a la mayoría social de este país». La deriva mesiánica del sanchismo no tiene límites y no le importa caer en el ridículo. Les molesta cuando escribimos o hablamos sobre el autoritarismo, el populismo y el caudillismo, pero la realidad está sobre la mesa. Lo sucedido en Cataluña fueron actos de terrorismo, si nos atenemos a lo que establece la definición de la Directiva 2017/541 de la UE. No son necesarios atentados o víctimas para que se produzcan este tipo de delitos. Los ataques de la izquierda política y mediática para defender a Sánchez y Puigdemont no son solo contra los jueces y fiscales, sino contra el Estado de Derecho.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).