El Salvador: ¿pulso al estado de derecho?

Quienes vivimos en Centroamérica los convulsos años noventa inmersos en procesos de paz auspiciados por Naciones Unidas, (1) nos preguntábamos sobre las diferencias de carácter de las gentes de cada uno de sus cinco países. Pensábamos en las diferentes influencias de regiones hispanas y de las posteriores llegadas a aquellas tierras de otras culturas a partir de comienzos del siglo XX. Asociamos una especial violencia en El Salvador debida a su gran densidad de población: seis millones –entonces– de habitantes en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados. Aquella cruel guerra civil en algo más de una década (1979-1992) causó 75.000 muertos y un terrible rastro de mutilados, desplazados y emigrados. Quienes verificábamos aquellos Acuerdos de Paz ya sentimos un desequilibrio en su aplicación, con medidas mas generosas para los combatientes del FMLN, el movimiento insurreccional principal actor del conflicto, que con los soldados que lealmente habían servido con sacrificio y valor a su República. Naciones Unidas con cierta razón, exigía mucho más a un Gobierno que encarnaba el estado de derecho, que a los propios cinco grupos guerrilleros que conformaron el Frente Farabundo Martí. A todos les repetíamos, vista nuestra experiencia histórica: «el fin de la guerra hoy, no significa la paz mañana». Debéis construirla día a día con respeto mutuo, con tolerancia, perdón, mirando hacia adelante, pensando en el futuro-los jóvenes más que en un sangriento pasado. Está claro que los gobiernos que siguieron al de Alfredo Cristiani, una buena persona sobrepasada por unos acontecimientos que manejaban sus Fuerzas Armadas, no consiguieron cimentar esta paz social. Muchos de los jóvenes que en los ochenta se enrolaban en la guerrilla, en el Ejército o emigraban a Houston, faltos de ilusiones y objetivos, no encuentran hoy más salida que enrolarse en maras, los movimientos que convirtieron a El Salvador en uno de los países mas inseguros del mundo con tasas de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Su actual Presidente, Nayih Bukele, en el poder desde junio de 2019, que sorteando con habilidad mandatos constitucionales podrá presentarse a los comicios de febrero de 2024, ha lanzado un Plan de Control Territorial apoyado en sucesivas declaraciones de estado de excepción, clara guerra abierta contra los 70.000 pandilleros que en los últimos 30 años, desde el fin de la guerra, han causado más de 120.000 muertos, casi el doble de los causados por el conflicto. Cuenta con un indiscutible apoyo ciudadano (83,7%) lo que refuerza su liderazgo y en cierto sentido avala su decisión de construir en Tecoluca a 75 kilómetros de la capital, San Salvador, a pie del volcán de San Vicente, una cárcel con capacidad para 40.000 reclusos. Levantada en siete meses, dispone de cuatro anillos de seguridad y todas las medidas modernas de aislamiento y control.

Pasando un claro mensaje disuasorio, materializó a finales de marzo la entrada de los 2.000 primeros pandilleros de las maras «Salvatrucha» y «Barrio 18», con unas impactantes imágenes: corriendo uno tras otro, cabeza agachada y rapada, esposados, descalzos, vestidos con un único calzón blanco, sin camisa, dejando al descubierto los tatuajes de pertenencia a sus grupos, ofrecieron en mi opinión un espectáculo degradante, dantesco. Por mucho que intente comprender la decisión; por alta que sea la valoración de Bukele en las encuestas tras haber reducido la tasa de homicidios a un 7,8 por 100.000; por agotada que estuviese la población al vivir en un clima social inseguro, no se puede olvidar el estado de derecho que encarna la República. Pienso en las familias, en las madres especialmente. Prefiero no pensar de dónde provenía aquella falsa disciplina en unos jóvenes semidesnudos apilados como fardos en un patio de la cárcel. Pensé que imágenes de los campos de exterminio nazis no se repetirían jamás.

Reconozco que, queriendo como quiero a aquellas gentes, me sentí mal y sigo sintiéndome mal. Varias organizaciones de derechos humanos han lanzado un grito de alarma. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mediado poniendo de ejemplo lo realizado en Bogotá: «no hicimos cárceles sino universidades». Sin quitarle la razón, priorizando la formación y la reinserción por encima de la represión, creo que cada país debe buscar propias fórmulas para sus propios problemas. Y no descarto –y deseo– que el propio Bukele esté de acuerdo con mi repudio y haya utilizado unas imágenes a modo de mensaje disuasorio, como aviso a navegantes, dado el carácter violento rayano en el fanatismo con disciplina ciega, de los miembros de estas sectas.

Como la mancha de las maras –«Ñetas», «Trinitarios», etc.– ha cruzado el Atlántico, apuntemos las lecciones aprendidas; pero no prostituyamos los valores de un estado de derecho.

(1) 1992-1994. El segundo año como jefe de la División Militar de ONUSAL

Luis Alejandre Sinteses general (R).