Seis de cada diez españoles creen que el Estado no compensa todo lo que pagan en impuestos

En el reciente estudio de noviembre, el número 3.487 del CIS sobre Actitudes hacia el Estado de Bienestar, la gran mayoría de los españoles mostró su decepción por lo que recibe del Estado en comparación con lo que este le detrae vía impuestos. Concretamente el 58,8% afirma que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones. El 62,1% afirma que él y su familia reciben menos de las administraciones públicas de lo que paga en impuestos y cotizaciones.

En el Estudio número 3.469 del CIS de Opinión pública y política fiscal de julio de 2024, tan solo el 8,4% de los españoles manifestaba que pagábamos poco, frente al 43,5% de indignados que afirmaba que pagaba mucho y el 45,6% regular. Hay un clamor popular en pro de la bajada de impuestos, ya que con menos tributos sería bastante si se administraran eficientemente. «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie», afirmó la ex ministra Carmen Calvo cuando era miembro del gobierno de Zapatero. Conscientes de ello los españoles piensan en un 88,9% que hay mucho o bastante fraude fiscal. Ya que las políticas fiscales de recaudación se asemejan cada vez a acciones confiscatorias contra los ciudadanos. Una frase del cantar del Mío Cid nos dice «Que buen vasallo sería si tuviera un buen señor a quien servir». Que traída a nuestro tiempo y contexto se podría interpretar como que si la legislación fiscal fuese más asumible y no expoliadora, habría menos oposición a pagar impuestos.

Otra muestra del mal entendimiento existente entre los obligados tributarios y el erario público es que el 81,8% de los ciudadanos opina que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos por explicar el destino de los impuestos. Ante tal opacidad muchos ciudadanos dudan del buen fin del dinero que aportan a las arcas públicas, interpretándolo más como injusta expropiación que como justa contribución al sostenimiento del Estado.

El Instituto de Estudios Económicos nos informa en su estudio de noviembre que España ha retrocedido en el último lustro del puesto 23 al 33 de una lista de los 38 países de la OCDE. Empeorando su posición en el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation. España ha perdido competitividad fiscal con respecto a la situación pre pandemia. La presión fiscal actual en nuestro país es un 17% superior a la media europea. Mientras que la presión fiscal del continente ha descendido desde 2018 en 1,1% del PIB, en España se ha incrementado un 1,8%.

Contamos además con la desventaja de un gobierno voraz, cuyo apetito fiscal parece insaciable a la luz de la carga tributaria y de sus efectos. En este sentido, acumulamos tantos tributos a los que tienen que hacer frente los contribuyentes de nuestro país que la lista parece interminable.

Solo hasta noviembre de 2024 se recaudaron más de 210.000 millones de euros en impuestos, una cifra que superaba con creces todas las anteriores y suponía un nuevo récord para el erario, y que con toda probabilidad será más abultada aún cuando se conozcan los datos de todo el año el próximo marzo de 2025.

El presente ejercicio ha llegado con una subida impositiva extraordinaria sobre la caja de las empresas y el bolsillo de las familias de casi 18.000 millones de euros.

Desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se ha creado o se ha subido más de un impuesto cada mes, sumando 93 aumentos tributarios y de cotizaciones para un total de casi 42.000 millones de impacto acumulado de las subidas de impuestos y cotizaciones entre 2019 y 2023, equivalente a unos 2.200 euros por hogar. Pero, por lo visto, nada es suficiente.