El PP tiene un gran poder y debe utilizarlo

Como era de prever, la secuencia de acontecimientos políticos apadrinados por el Gobierno, el supremacismo golpista catalán, la extrema izquierda y el brazo político de ETA en los últimos días ha agudizado la degradación del régimen de libertades hasta extremos que nos hacen concluir que ningún escenario, por increíble y rupturista que parezca, puede darse hoy por imposible. Cuando se pactan la amnistía del terrorismo y la corrupción con los mismos procesados por terrorismo y corrupción a cambio de siete escaños, quién puede jurar hoy que mañana no se convocará el referéndum de independencia del Principado, se excarcelarán a todos los etarras o se procederá a un cambio de modelo y régimen en la Jefatura del Estado por la puerta de atrás. En la democracia sanchista nada puede descartarse, porque lo que ayer era imposible en ese discurso oficial torticero e impostor, se convierte hoy en una benéfica aportación a la convivencia y el interés general. Bajo el sanchismo, las llamadas líneas rojas se han desvanecido y el conjunto de valores y principios que configuran el orden moral de la actividad pública y de la responsabilidad política no existen como tales, sino que están sometidos al principio de arbitrariedad del autoritarismo democrático que encarna el inquilino de La Moncloa. Vivimos tiempos de una peligrosidad extrema porque las principales cuadernas del estado de derecho han saltado por los aires. Ni la libertad ni la equidad ni la propiedad ni siquiera la seguridad, garantizadas en la norma fundamental y en el ordenamiento, están hoy aseguradas para todos los ciudadanos de la nación en igualdad de condiciones y en plenitud. Las políticas y las urgencias del Gobierno y sus socios han alentado las brechas y la fragmentación, españoles de primera y de segunda, territorios privilegiados por las actuaciones públicas y otros castigados, en un ejercicio de discriminación y agravio contra el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía. El PP decretó una movilización general en todos los frentes contra un régimen sin legitimidad de ejercicio, con un despliegue provocador de iniciativas contrarias a la Constitución, que deshonraría a cualquier servidor mínimamente íntegro y recto. Los 3.361 alcaldes del PP que gobiernan al 46,5 por ciento de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España, han suscrito un Manifiesto en el que ratifican su «compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». Es un acto que ratifica que Pedro Sánchez hipoteca el bien común mediante sus pactos con un prófugo de la Justicia al margen y en contra de una mayoría social. Los demócratas están obligados a proseguir en la denuncia y la disidencia por todos los cauces legales a su alcance. El PP dispone del poder que los votantes le concedieron y debe utilizarlo sin cuartel en una batalla con varios frentes. La calle, como se verá hoy en Madrid, será clave.