El conflicto catalán

El pasado mes de diciembre el presidente de la Generalidad, el Sr. Torra, propuso a la ciudadanía catalana seguir la vía eslovena hacia la independencia. Es decir la posibilidad de acometer una insurrección armada. Hasta ese momento lo que habíamos escuchado en los círculos independentistas era justo lo opuesto: que sería el Gobierno central el que podría utilizar la fuerza para iniciar el conflicto. En nuestra memoria, una llorosa Marta Rovira, de ERC, con sus alusiones a las «armas de fuego del Ejército». Estas declaraciones del presidente de la Generalidad –por su irresponsabilidad– provocaron la lógica reacción emocional en la opinión pública e incluso entre la mayoría de los políticos españoles. Quisiera efectuar aquí un somero análisis operativo alternativo de lo que implicaría dicha insurrección teniendo en cuenta los precedentes europeos más recientes.

El escenario esloveno solo podría considerarse como antecedente válido en el supuesto de una implosión general de España con unas autonomías luchando contra otras, como sucedió en Yugoslavia. Indudablemente, el Sr. Torra eligió de entre ellas el caso menos doloroso –el de Eslovenia– y no otros como el de Bosnia Herzegovina o Kosovo.

Pero sí existen en la Europa de estos últimos cincuenta años otros ejemplos apropiados de territorios desgajados que, tras un conflicto armado, han logrado un cierto grado de autogobierno. Son los de Abjasia, Transniester, las dos «repúblicas populares» del Donbas en Ucrania y los del norte de Chipre. Para tratar de asesorar al Sr. Torra sobre el desarrollo y consecuencias de estos conflictos mencionaré –aunque sea vertiginosamente– algunos datos que le puedan ayudar a entender algo de lo que está proponiendo.

El último conflicto en el norte de Chipre se inició en 1974 con el despliegue de unos 35.000 efectivos turcos que a fecha de hoy siguen ocupando un 36% de la isla. Los combates duraron unos tres meses y ocasionaron en una población de 1,2 millones de habitantes (80% grecochipriota, 18% turcochipriota) unos 4.500 muertos, provocando de paso unos 210.000 refugiados. La región del Transniester se separó de Moldavia en 1992 con una significativa ayuda militar rusa. El conflicto duro unos cuatro meses y ocasiona 1.500 muertos y 120.000 refugiados sobre una población inicial de 520.000 personas. La secesión de Abjasia de Georgia culminó en el 2008 aunque ya desde 1992 existía una cierta autonomía. También intervinieron considerables unidades rusas provocándose unos 12.000 muertos y 200.000 refugiados. Unos 4.000 efectivos rusos permanecen en Abjasia. Las dos entidades ucranianas orientales de Donetsk y Luhansk –con 6,4 millones de habitantes– son las más cercanas demográficamente a los 7,4 millones de Cataluña. El conflicto que comenzó en 2014 instigado por Rusia ha producido hasta el momento unos 10.000 muertos y unos 3 millones de refugiados. El número de efectivos rusos que están interviniendo es difícil de estimar porque Moscú, negando su participación, despliega unidades sin insignias ni identificación alguna. Pudieran ser unos 15.000. Los casos de Osetia del Sur, Crimea y Nagorno Karabaj no son antecedentes válidos de autogobierno pues fueron simplemente incorporaciones a Rusia y Armenia.

En los cuatro conflictos mencionados ha sido fundamental la existencia de un socio «protector» –Rusia o Turquía– que no solo logre la superioridad militar, sino posteriormente mantenga una financiación que haga viable el territorio desgajado. La proporción entre el personal armado a disposición de la Generalidad y el del Gobierno central –entre los aproximadamente 17.000 Mozos de Escuadra y los 275.000 de Fuerzas armadas y Seguridad del Estado– es de 1 a 16. Por lo tanto el Estado «protector» que tendría que conseguir el Sr. Torra deberá equilibrar esta abultada diferencia. No parece nada fácil que lo encuentre. Se podría argumentar que estos efectivos no siempre estarán disponibles pues el Ejército siempre tiene unidades desplegadas en el exterior y un cierto porcentaje de las fuerzas de seguridad deben mantenerse en el resto del territorio nacional asegurando el orden público. Pero análogamente se podría razonar también que un 8% de los Mozos proceden de otros cuerpos de seguridad españoles, siendo previsible que incluso un mayor porcentaje se niegue a participar en una insurrección armada. Armar civiles, ya sean los CDR –con los que el Sr. Torra se muestra tan familiarizado– u otras organizaciones separatistas violentas parece poco eficaz para enfrentarse a profesionales armados y que cuentan además con armamento pesado, aeronaves y buques. Por cierto, no creo que exista ninguna duda de que cualquier gobierno español –por dialogante que sea– ante un supuesto como el contemplado por el Sr. Torra dejara de emplear los medios armados a su disposición.

El problema básico a que se han enfrentado los territorios desgajados mencionados una vez finalizado el conflicto es la falta de reconocimiento internacional. Esto sitúa a sus habitantes en una especie de limbo internacional al ser ciudadanos de un Estado que no existe oficialmente, dificultándoles el viajar, hacer transacciones financieras, reconocimiento de sus títulos académicos, contar con matrículas para sus vehículos, etc. A esto se debe añadir las cargas financieras que tiene que asumir la Nación «protectora» para el pago de pensiones, asistencia sanitaria, suministros de electricidad y agua interrumpidos entre otros muchos conceptos que Uds. pueden imaginarse.

Así que, sr. Torra, por difícil que le pueda parecer el lograr la autodeterminación por la vía de la reforma constitucional, le sugiero que estudie las dificultades de acometer una insurrección armada. Antecedentes para ello existen. Todos se lo agradeceríamos mucho.