Piden al Supremo que paralice la decisión de Illa de convertir a los MIR en mano de obra barata

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritaria en el sector, ha decidido actuar jurídicamente contra la orden del Ministerio de Sanidad de Salvador Lila que permite prorrogar el contrato de los médicos residentes de último año en lugar de reconocerles automáticamente la especialidad, lo que ha sido interpretado por la totalidad de las organizaciones que representan a los médicos en España como un intento de convertirles en mano de obra barata en la lucha contra el coronavirus. En concreto, la CESM ha presentado ante el Tribunal Supremo un “recurso contencioso administrativo especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona”, además de solicitud de “medidas cautelarísimas para intentar paralizar la orden SND 319/2020 de prórroga del MIR y, por tanto, que impide que se hagan las evaluaciones en los plazos previstos”. La Confederación ha informado de que sigue instando al Ministerio de Sanidad a que retire la citada orden y puedan cumplirse los plazos que establece la ley para hacerse las evaluaciones, tanto anuales como finales, y, en este último caso, “se pueda proceder a la concesión del título de especialista a los residentes que hayan superado el periodo de formación y, así, a partir de ese momento, puedan ser contratados como tales”.

Según informa la CESM, “la aceptación o rechazo de las medidas cautelarísimas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se deberá producir como muy tarde el próximo miércoles, día 15 de abril. En caso de ser aceptadas, el Ministerio debería iniciar todo el procedimiento de evaluación en los plazos previstos o recurrirlas. Por el contrario, si no se aceptasen las cautelarísimas seguiríamos por el procedimiento ordinario”. Al igual que el resto de las organizaciones médicas, la confederación presidida por Tomás Toranzo insiste en que “el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás en su errónea decisión de prorrogar todos los contratos del personal en formación y suspender sine die todas las evaluaciones, utilizando argumentos tan peregrinos como la dificultad de hacer las evaluaciones o la necesidad de militarizar a todo el personal en formación para utilizarlo como mano de obra al margen de su condición de personal en formación”.

“Esto lo consideramos todo un despropósito, además de una ilegalidad, a lo que nos hemos opuesto toda la profesión y la gran mayoría de los servicios de salud, incluidos los propios afectados, en los que el malestar y la tensión es creciente y de imprevisibles consecuencias”.