Illa irrita a la privada con su plan para eliminar el modelo sanitario de los funcionarios

El borrador que ha elaborado el Ministerio de Sanidad para la “transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-Covid 19” ha desatado un profundo malestar en la Sanidad privada española. Como adelantó ayer LA RAZÓN, el documento aboga por abordar “en el sentido que orienta la Ley General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación directa (Muface, Mugeju e Isfas), lo que en el sector se interpreta como un eufemismo que encubre la posible supresión del modelo de asistencia sanitaria de los empleados públicos. Además, el texto propone eliminar la desgravación fiscal de la que se benefician las empresas por el seguro de sus empleados, lo que afectaría a alrededor de tres millones de trabajadores.

En un explícito comunicado, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación Idis), ha manifestado su “sorpresa” y “honda preocupación por las medidas planteadas”. Alude en concreto a las dos mencionadas y a las relativas al gasto farmacéutico. Una de ellas culpa a la industria de su crecimiento por el “sobrecoste” de los medicamentos, que cifra en 8.000 millones de euros, y pide que esta cantidad se revierta al sistema sanitario.

Según idis, “la reconstrucción del sistema sanitario pasa por una necesaria confluencia de esfuerzos y el sector sanitario privado, del que forman parte 8,7 millones de asegurados, sin incluir mutualistas, contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro de al menos 564 euros por asegurado/año, que suponen un ahorro mínimo de 4.949 millones de euros para el sistema público. Sólo esta colaboración para el sistema obliga a tener en cuenta a un sector que lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% de las altas, y atiende el 24,5% de las urgencias en nuestro país”.

La Fundación Idis ha aprovechado para salir también en defensa del mutualismo administrativo, que, a su juicio, favorece la asistencia sanitaria de la población. Según sus datos, este régimen englobó aproximadamente a 1,8 millones de personas en 2019. “Esta opción es, hoy por hoy, elegida de forma libre por el 84% de los funcionarios y, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia, ya que el gasto per capita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita”. Esta organización cifra en concreto la prima media por asegurado en Muface en 864 euros anuales, mientras que el gasto sanitario público per cápita es de 1.291 euros, lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista. La fundación también defiende la desgravación fiscal sanitaria, porque, según expone, descarga de presión asistencial y financiera al sistema público de salud. En este sentido, hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad y a la mesa del Congreso para que la reconstrucción del sistema tenga en cuenta a todos los agentes implicados, considere el papel del sector privado y evite acabar con fórmulas y modelos que generan eficiencia contrastada para el sistema y satisfacción para los usuarios, según el comunicado.