Una muerte digna es parte de una vida digna. La mayoría de nosotros describiríamos la muerte ideal como aquella que nos sobreviniera en casa a una avanzadísima edad cuando ya hemos cumplido todos nuestros anhelos, sin dolor y sin ser demasiado conscientes del fin; rápida, repentina y plácida, sin dejar nada pendiente con nuestros seres queridos y sin ser una carga para nadie. Una buena muerte. Una muerte digna.

En la realidad, ese momento final suele ser mucho más complejo. Sin embargo, en las democracias más avanzadas en el reconocimiento de los derechos de ciudadanía y los derechos humanos, y con modernos sistemas sanitarios públicos estas condiciones están más cerca del ideal. No solo existe la posibilidad de recurrir a los cuidados paliativos en el caso de personas con enfermedad terminal. Sino que en aquellos pacientes que sufren limitaciones sobre su autonomía, lo que presenta un sufrimiento físico y psíquico y sin pronóstico de mejora o curación, se reconoce el derecho a una muerte asistida. Desde que en 2021 se aprobase la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en nuestro país, 363 personas se han beneficiado de la conquista de este derecho. El derecho de cada ser humano a solicitar una muerte asistida es una decisión personalísima e intransferible, en la que nadie debería poder interferir. Cada una de nosotras y nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad para decidir, acorde a la legalidad, sobre nuestra propia muerte.

La defensa de creencias morales y religiosas, que también son muy personales e intransferibles, no puede interferir, ni impedir el disfrute de derechos establecidos en la ley. La dignidad de la persona humana es inviolable, la eutanasia, al terminar con la vida de forma asistida para personas que así lo deciden de acuerdo a los requisitos de la ley, contribuye a esta dignidad.

Carmen Montón es embajadora observadora permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social