Sanidad

España, ante el desafío de aprovechar más la tecnología sanitaria

El sector urge a bajar el IVA de productos sanitarios y a indexar contratos públicos al IPC

Tecnología sanitaria
Tecnología sanitariaT. GallardoLa Razón

Sin tecnología no hay sanidad. Basta con poner un pie en un centro de salud o en un hospital para observar en pocos minutos que la tecnología sanitaria marca la diferencia de la medicina actual y de la atención al paciente de calidad. «No es posible evolucionar hacia un sistema sanitario de futuro empleando tecnologías del pasado», asegura con rotundidad Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances, si esa tecnología no llega al paciente ni a los profesionales sanitarios de forma ágil, de poco sirve el constante esfuerzo innovador que realizan las cerca de mil empresas que trabajan en este sector en nuestro país.

Para favorecer la incorporación de tecnología sanitaria de calidad al Sistema Nacional de Salud de forma equitativa y eficiente, Fenin pone sobre la mesa algunas de las tareas pendientes que quedan por resolver de manera urgente. Es el caso, por ejemplo, de las ventajas de reducir el IVA de los productos sanitarios que, a pesar de ser un bien de primera necesidad, ahora tributan en su mayoría al 21%, convirtiendo a España en uno de los países de la UE con una mayor carga impositiva en materia de productos sanitarios.

Desde 2022 los gobiernos nacionales pueden fijar tipos de IVA reducidos y cero a determinados productos y servicios sin contar con autorización de Bruselas. Dentro de esos bienes susceptibles de contar con un IVA reducido, la reforma menciona expresamente «los equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como el material auxiliar y los equipos de protección». «Este es el cambio que permite acometer la necesaria reforma de la Ley del IVA en España propuesta por Fenin, que hará posible una mayor inversión en innovación tecnológica, clave para la mejora y transformación del sistema sanitario», asegura Crespo. La contradicción reside en que las comunidades autónomas gastan importantes recursos en el pago del IVA de los productos sanitarios, cuando, por el contrario, «necesitan recursos para invertir en tecnologías que mejoran los resultados en salud. De hecho, reducir el IVA ahorraría más de mil millones al conjunto de servicios de salud autonómicos, que podrían usarse en la incorporación de innovación», advierte Crespo. Recientemente, se ha presentado un informe independiente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que alerta de la negativa posición de España respecto a otros países de nuestro entorno y corrobora las ventajas que supone aplicar un IVA reducido a los productos sanitarios. Esta entidad confirma que una bajada de la presión fiscal ayudaría al sistema sanitario público a liberar recursos económicos con los que acometer medidas como reducir listas de espera, renovar equipamiento tecnológico obsoleto en hospitales y, asimismo, facilitaría su adquisición a un menor coste y en condiciones de equidad para los pacientes, generando un beneficio directo para la sociedad y la protección de la salud pública.

Tecnología sanitaria
Tecnología sanitariaT. GallardoLa Razón

Revisión de precios

El acceso a la innovación tecnológica es otro de los grandes retos pendientes de la sanidad española, pero no puede hacerse de cualquier forma. En este sentido, la patronal demanda un cambio urgente en los modelos de compra pública de tecnología sanitaria para hospitales y centros de salud. En concreto, Fenin solicita que los mismos puedan indexarse, es decir, que puedan revisarse los precios al alza o baja durante toda su vigencia y a tenor de la coyuntura de cada momento, para garantizar la competitividad de España y para poner a disposición de los pacientes la mejor tecnología sanitaria. Así, desde la Federación se propone indexarlos al IPC, tal y como ya contemplaba la Ley de Contratos del Sector Público hasta el año 2015», asegura Crespo, quien detalla que «en los últimos tres años la inflación acumulada ha sido superior al 15%. Esto supone un grave problema para la viabilidad de muchas empresas y está produciendo que muchos contratos no sean viables económicamente, poniendo en riesgo el acceso de los profesionales y pacientes a las tecnologías sanitarias e innovadoras».

Plan de industrialización

La pandemia demostró que es crucial contar con un sector de tecnología sanitaria fuerte y con mayor capacidad productiva, de ahí que la Unión Europea apueste por la autonomía estratégica abierta y la relocalización industrial. En este sentido, «en España se está tramitando un anteproyecto de Ley de Industria donde se reconoce el valor de nuestro sector. Pero, paralela y complementariamente, debemos apostar por la puesta en marcha con urgencia de un Plan Nacional de Industrialización para el Sector de Tecnología Sanitaria que ayude a maximizar las capacidades de la industria, potenciando un sector de alto valor añadido, que genera empleo de calidad, innovación y riqueza. Además, hay que facilitar la inversión, la relocalización, la innovación, el aumento de la capacidad productiva y logística, que aprovechen el potencial innovador y permitan atraer inversión y retener talento», afirma Crespo.

Acabar con la obsolescencia

El proceso de renovación del parque tecnológico de los hospitales nacionales es uno de los grandes retos que debe abordar el Sistema Nacional de Salud. A pesar del éxito del reciente Plan Inveat, que ha permitido renovar y ampliar cerca de 850 equipos de alta tecnología a nivel nacional, «España aún presenta datos preocupantes de obsolescencia en segmentos de la tecnología que no se beneficiaron de dicho plan, superando los umbrales máximos de ‘vida’ útil (entre 10 y 12 años) que recomiendan los organismos internacionales», advierten desde Fenin. En este sentido, la patronal solicita una estrategia nacional de inversiones que permita cumplir con las conocidas como «Golden rules»: un 60% de equipos disponibles con menos de cinco años, un 30% entre cinco y 10 años y no más de un 10% con una antigüedad superior a 10 años.