El mayor gasto en Defensa y los recortes en la sanidad pública

La Sanidad española se encuentra infrafinanciada. En los planes presupuestarios que el Gobierno envía regularmente a Bruselas, el gasto público en esta partida no supera nunca el 7% del PIB, pese a que los principales expertos aconsejan destinar al menos un 9% durante un periodo sostenido de tiempo, con el fin de pulir los desequilibrios, eliminar inequidades, conseguir la ansiada cohesión territorial y hacer frente al envejecimiento poblacional.

Las costuras del sistema se ven hoy en forma de gigantescas listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, retrasos injustificables en la incorporación de los medicamentos más innovadores con respecto a otros países de Europa y en los parcos salarios que perciben los sanitarios. Lejos de menguar, los problemas van a ir a más y las perspectivas no son precisamente halagüeñas por factores de índole diversa, como la deriva geopolítica de la guerra de Ucrania, la necesidad europea de rearme, la gigantesca deuda pública española, la masacre impositiva que ya padecen los ciudadanos y la ausencia de presupuestos para adaptar los ingresos y los gastos a la nueva realidad.

Por mucho que se empeñen en lo contrario los partidos ultraizquierdistas, España tendrá que acercar progresivamente su gasto en Defensa hasta la barrera del 3%, y eso se traducirá en ajustes en otras partidas entre las que figura la Sanidad, lo que tendrá consecuencias severas para la población. Esta coyuntura es conocida por la actual ministra de Sanidad, Mónica García, pero lejos de poner el grito en el cielo y plantear batalla en el Consejo de Ministros, ha decidido capitular, permaneciendo, eso sí, en el cargo. A día de hoy, se sabe que el Gobierno acometerá una subida del gasto en Defensa, pero se desconocen los planes del mismo para que la Sanidad no se resienta por ello.