Los acuerdos Iglesia-Estado no se tocan: “No queremos privilegios”

La fiscalidad, los abusos sexuales, las inmatriculaciones y la reforma educativa. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recibió ayer a mediodía al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, con una agenda cargada de asuntos algo espinosos que podrían sonar a marcaje para la Iglesia. No fue por tanto una mera visita de cortesía, sino que ambas partes abordaron punto por punto estas cuestiones para poner las bases de un diálogo desde el respeto mutuo. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, los obispos afrontan «con serenidad» estas peticiones del Ejecutivo sobre el pago del IBI, la revisión de la titularidad de las propiedades de la Iglesia, así como la protección de menores frente a la pederastia.

Todo, bajo la máxima de hacerlo en igualdad de condiciones que otras instituciones, partidos y ong que se rigen, por ejemplo, por la ley de mecenazgo en materia fiscal. O teniendo en cuenta que la Universidad Pontifica Comillas de los jesuitas ha sido una abanderada de la ley de protección de la infancia que ha elevado la prescripción de delitos de abusos. Calvo se encontró enfrente con un recién estrenado presidente dispuesto a negociar desde lo que se ha venido en denominar «una colaboración crítica». «La Iglesia no busca privilegios, sino en actitud de trabajar codo a codo por el bien común», aclaraba ayer el cardenal Omella al ser preguntado por su cita con la vicepresidenta. En el encuentro digital organizado por la revista católica Vida Nueva, el arzobispo de Barcelona confesaba haber salido de la reunión «con una sensación de que se busca el encuentro y no el desencuentro. Ojalá sigamos así». Eso sí, el purpurado es consciente de que por delante puede ocurrir –con la mente puesta en futuras normas como la eutanasia– que «algunas veces no coincidamos en muchas cosas en temas morales, pero desde el respeto colaborar y trabajar por el bien común».

Lo cierto es que se trata del primer encuentro entre la socialista y el purpurado desde que éste fuera elegido como líder de la Iglesia española en las vísperas del estado de alarma. Calvo se estrena en sus competencias de relaciones con las confesiones, unas funciones que antes estaban en manos de Justicia, pero que Pedro Sánchez ha querido que no salgan de Moncloa para evitar que puedan contaminarse con el discurso anticlerical de Unidas Podemos, sus socios de coalición. De hecho, fuentes del Ejecutivo reiteran a LA RAZÓN su intención de no denunciar los acuerdos Iglesia-Estado con la Santa Sede. Máxime después de la colaboración de la cúpula eclesial en la exhumación de Franco. El objetivo del Ejecutivo pasaría por acometer reformas hacia el modelo francés de laicidad sin necesidad de apelar a Roma y a la reforma constitucional. Por su parte, Omella toma el relevo del cardenal Ricardo Blázquez, que en sus seis años al frente del Episcopado español buscó recuperar lo que él mismo denomina «espíritu de la Transición» encarnado por el cardenal Tarancón.