Policía Nacional
Desmanteladas dos organizaciones que vendían productos ilegales para la disfunción eréctil
La Policía ha detenido a 33 individuos en distintos puntos de España
Agentes de la Policía Nacional, en e dos investigaciones paralelas, han desmantelado la infraestructura de las principales web presuntamente dedicadas a la venta y distribución ilegal de medicamentos en España, en especial las destinadas, según su publicidad, a combatir la disfunción eréctil.
Han sido detenidas 33 personas y se han realizado 17 registros en diferentes municipios de las provincias de Alicante (1), Murcia (2), Madrid (3), Málaga (3), Barcelona (1), Sevilla (2), Zaragoza (1), Castellón (1), Palma de Mallorca (1), Valladolid (1) y Valencia (1).
Las dos organizaciones desmanteladas operaban utilizando medios tecnológicos avanzados y obtenían grandes beneficios con escaso riesgo –superando los tres millones de euros-, blanqueando posteriormente las ganancias de diferentes formas, entre otras, mediante la compra de
moneda virtual.
Los agentes han intervenido más de 70.000 comprimidos/geles de medicamentos contra la disfunción eréctil, diversas sustancias estupefacientes –líquido GH, MDMA, cocaína, popper-, cientos de artículos informáticos y numerosas joyas de gran valor, entre otras cosas.
La investigación se inició en mayo de 2019, cuando los agentes detectaron las actividades de estos portales web para la venta de medicamentos en toda España, con el consiguiente riesgo para la salud.
Una de las organizaciones estaba asentada en Murcia, Madrid y Alicante, mientras que la segunda -de origen inglés- operaba desde la Costa del Sol. Ambas se valían de expertos informáticos y utilizaban medios tecnológicos avanzados con la finalidad de, por un lado, favorecer la ejecución del delito y conseguir la impunidad de sus miembros, al tiempo que aumentaban el número de compradores; y por otro, dificultar la investigación policial mediante la adopción de fuertes medidas de seguridad.
Hacían uso de aplicaciones de mensajería instantánea que contaban con métodos de encriptación y borrado de mensajes. Además, usaban conexiones VPN para dificultar su localización por IPs, y alojaban sus páginas web de farmacias virtuales en servidores offshore, ubicados en países ajenos a la jurisdicción europea o estadounidense.
Los medicamentos ilegales eran adquiridos en países del sudeste asiático (principalmente la India) por unos céntimos y su venta unitaria era de alrededor 4.5 euros, pudiendo ser incluso superior dependiendo del producto, la cantidad o el lugar de venta.
Se trata de una actividad castigada con penas muy inferiores al tráfico de estupefacientes, por lo que constituye una actividad muy atractiva para las organizaciones criminales.
De forma paralela, los agentes llevaron a cabo la investigación de otra organización criminal formada por ciudadanos septuagenarios de origen británico y estadounidense con antecedentes policiales por hechos similares. Los miembros del entramado disponían de páginas web que funcionaban a modo de farmacias virtuales y se encontraban alojadas en servidores offshore ajenos a la jurisdicción europea y estadounidense. Asimismo, cambiaban recurrentemente de página web como medida adicional de seguridad, informando a sus clientes a través de correos electrónicos comerciales.
La investigación ha evidenciado que esta organización efectuaba envíos de medicamentos desde 2012 y había incrementado paulatinamente el volumen de los mismos con el paso de los años.
Los pedidos los distribuían a través de empresas de paquetería y los clientes efectuaban el pago contra reembolso, por distintas pasarelas de pago, o incluso mediante transferencia bancaria indicando, en este caso, conceptos que nada tenían que ver con el contenido de los paquetes. Posteriormente, los millonarios beneficios obtenidos se transferían a cuentas extranjeras, lo cual dificultaba su trazabilidad y localización.
Finalmente, los agentes identificaron a sus miembros gracias al rastreo tecnológico de los mismos. Asimismo, constataron que funcionaba a modo de “proveedor de distribuidores”, puesto que tenían clientes por todo el territorio nacional cuyo volumen de compras y circunstancias evidenciaban que no se trataba de compradores finales. Es el caso de algunos establecimientos tipo sexshop, donde se efectuaron diferentes registros policiales, dedicados a revender estos medicamentos.
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