El Gobierno mintió sobre la existencia del Comité de Expertos al Parlamento

Continúa la polémica que se desató ayer tras conocerse que en una respuesta oficial del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a una consulta del PP, el Gobierno admitía que no existía el Comité de Expertos que supuestamente le asesoraba para decidir sobre los territorios que pasaban de fase en la desescalada. Ayer mismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba sobre este asunto que «no se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad» para realizar los informes que avalaban el cambio de fase de cada comunidad y que él fue quien tomó estas decisiones a partir de los informes de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «Y para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última, como no puede ser de otra manera en un Estado democrático, era del ministro de Sanidad», declaró ayer Illa.

El ministro dijo que, a la hora de tomar las decisiones, se valía de los informes técnicos que le remitía la directora general de Salud Pública, a quien a su vez le llegaba la información del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Sin embargo, en una respuesta parlamentaria del Gobierno a Vox del pasado 11 de junio, se señalaba que las decisiones tomadas con motivo de la pandemia «se basan en información y criterio experto de muchos grupos diferentes, tanto del Ministerio de Sanidad como de otros departamentos ministeriales, instituciones, grupos de expertos independientes y expertos individuales». Y continúa el documento: «entre estos grupos, figura el Comité de Expertos, que debate los aspectos críticos durante la evolución de la epidemia y da su opinión, tanto al Ministerio de Sanidad como al Presidente del Gobierno».

De esta manera, el Gobierno aludía implícitamente en esta respuesta de junio a la existencia de un Comité de Expertos encargado de asesorar al Ejecutivo en sus decisiones, precisamente lo que negó ayer Salvador Illa ante la comisión correspondiente del Congreso, en la que varios grupos parlamentarios se refirieron a la polémica sobre la existencia o no de un comité de expertos para los cambios de fase de las comunidades durante la pandemia.

En una información del pasado 11 de mayo, LA RAZÓN ya adelantó que eran altos cargos del PSOE los que tomaban las decisiones sobre el pase de fase en la desescalada, después del hermetismo constante mostrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando eran preguntados por la composición del Comité. En ese momento, Sánchez llegó a decir que «lo importante es que eran funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes, junto a las direcciones de Salud Pública de las Comunidades, deciden de manera coordinada los territorios que pasaban de fase».

Ese mismo mes LA RAZÓN indicaba que, transcurridos dos meses de pandemia, no se había hecho público informe alguno con decisiones ejecutivas de relevancia firmado por expertos o asesores científicos internos o externos al Ministerio de Sanidad, aunque sí había dos documentos técnicos firmados por trabajadores adscritos al Centro de Alertas que dirige Fernando Simón. Estos dos documentos proporcionaban información científica sobre la pandemia, y en uno de ellos, en el que se señalaba que había sido elaborado por un equipo de 12 expertos, se hizo desaparecer todos los nombres de sus autores en una actualización posterior.

Campo dice que sí existió

Por si fuera poco el lío, ayer por la mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que sí existió un Comité de Expertos que asesoró al Gobierno para la desescalada del confinamiento y pidió no caer en el «alarmismo» ante los rebrotes de casos de coronavirus que se están conociendo en distintas zonas de España.

Así lo señaló en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por la respuesta oficial del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a la consulta del PP, en la que afirmaba que no existía dicho comité. «Creo que ha habido un comité científico, se ha conocido, se ha visto, se ha palpado y ha sido el que ha estado asesorando» junto a los «inspectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», ha contestado Campo, en un intento de contrarrestar la información ofrecida por el Defensor del Pueblo.

Y añadió que «si algo ha caracterizado a este Gobierno es que cada pauta y cada camino que se ha abierto lo ha hecho siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y por tanto ese comité científico ha existido y ha estado alentando cada movimiento que se ha realizado cada día”». Para zanjar el asunto, el ministro de Justicia, que sostiene que este debate se ha creado porque «muchas veces nos perdemos en los tecnicismos», apuntó que muestra de este Comité de Expertos es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón: «Claro que ha habido. ¿El doctor Simón qué es?», preguntaba.

A raíz de estas noticias, el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, mostró ayer su indignación porque consideró que al negar a la Comunidad de Madrid el paso a la fase 1 de la desescalada Sanidad utilizó «un criterio envuelto en una mentira, la presunta existencia de un comité de expertos, que asesoraba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que no existía».

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo central de «arbitrariedad» por haber negado el paso a la fase 1 de la desescalada a la Comunidad de Madrid en dos ocasiones (los días 11 y 18 de mayo).

«A la Comunidad de Madrid, se nos pretextó que había un comité de expertos que eran los que determinaron que no podíamos pasar de la fase 0 a la fase 1, y ya, en ese momento, denunciamos que estábamos en un proceso oscurantista, falto de transparencia y marcado por criterios estrictamente políticos», explicó López.

Por eso, el Gobierno madrileño se ratifica en el recurso que presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo frente a la decisión del Ministerio de Sanidad que impidió a la Comunidad de Madrid pasar a la fase 1 junto con otras comunidades «cuando se encontraba en una situación mucho más favorable que éstas».