El debate sobre la necesidad de que la vacuna de la Covid-19 llegue de forma igualitaria a todos los países del mundo es un tema clave en la agenda internacional. Numerosos especialistas de todos los rincones del planeta defienden con firmeza el argumento de que hacerlo no es solo una cuestión de solidaridad, sino una condición esencial para acabar con la pandemia. Y es que la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres significa que el virus continuará propagándose y mutando. La campaña de inmunización reproduce fielmente los roles establecidos en la economía global: los países más ricos han comprado ya la mayor cantidad de vacunas que se producirá este año, mientras los más pobres no tendrán dosis para administrar incluso ni a sus poblaciones más vulnerables.

De hecho, según un estudio que realizó la Universidad de Duke (EE.UU) sobre la distribución de las vacunas en el mundo y que ha servido de referencia en los últimos meses, cerca del 90% de las habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el virus en 2021. Mientras, otras naciones, como Canadá, ya han comprado suficientes dosis para vacunar cinco veces a su población. Ante esta realidad, la solidaridad parece más una cuestión de supervivencia.

Europa ¿solidaria?

Aún así, muchos países no parecen comprender la gravedad de que se produzca una inmunización desigual. Es el caso de Colombia y México que tienen más población a favor de guardar todas las dosis para su país por si las necesitan en un futuro, 52% y 49% respectivamente, que a favor de cederla a otras naciones. También otros países orientales como Taiwán, con más de la mitad de la población a favor de guardar todas sus dosis (51%), o Japón, donde solo el 36% estaría de acuerdo con dar a otros países las vacunas que no necesitasen, se encuentra al final del listado elaborado por Ipsos como resultado de un nuevo estudio realizado en 16 países a través de su panel ‘Global Advisor’, del 12 al 14 de febrero de 2021, a 21.507 adultos de 18 a 74 años en Canadá y Estados Unidos y de 16 a 74 años en el resto de países.

En el otro lado de la balanza, Europa, como región más solidaria, dado que todos sus países se sitúan en la primera mitad de la tabla. Y, liderando el ranking se encuentra España, que ocupa el segundo puesto con un 62% de la población a favor de ceder dosis sobrantes, solo precedida de Reino Unido, donde el porcentaje sube a 69%. El tercer lugar es para Alemania, donde el 61% de la población apoya esta idea.

Pero la cosa cambia cuando se pasa de lo que opina la población al apoyo de los gobiernos a medidas concretas para garantizar la distribución equitativa de las vacunas en el mundo. Y es que todos los países de la Unión Europea (incluida España) además de EE.UU, Japón, o Canadá, se oponen a la petición hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y Alianza por la Solidaridad a la Organización Mundial de Comercio para que suprima algunos de los derechos de propiedad intelectual, al menos en algunos de los países del sur más afectados por el virus, como son Sudáfrica e India. En concreto, Alianza por la Solidaridad ha pedido al Gobierno de España que apoye, o al menos no se oponga, a la lucha por escalar la producción de la vacuna compartiendo la tecnología.

La organización advierte de que las compañías farmacéuticas ya han vendido casi el 75% de las dosis de vacunas previstas para 2021 “a tan solo unos cuantos países ricos”. En su opinión, “si no se toman medidas drásticas, la mayoría de la población mundial no escapará de la pesadilla del Covid-19 en un futuro cercano”. “No es momento para que las patentes farmacéuticas ralenticen el lanzamiento de la vacuna que podría salvar vidas y garantizar medios de subsistencia para las personas en todo el mundo” afirma la directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Cristina Muñoz.

Una “vacuna popular”

La ONG apoya el lanzamiento de una ‘Vacuna Popular’, una vacuna disponible para todos, en todos los países, de forma gratuita y cuanto antes. “Durante la pandemia del VIH, hemos conocido de primera mano cómo las normas de la propiedad intelectual y otras barreras limitaron los suministros de tratamientos y dispararon los precios, provocando millones de muertes innecesarias. No podemos permitir que la historia se repita”, señala la secretaria general de la ONG, Julia Sánchez.