Un juzgado investiga al CNIO por acoso a una química que denunció corrupción

El Juzgado de lo Social número 22 de Madrid, tal y como ha podido saber LA RAZÓN, investigará la desprotección a una denunciante de un presunto caso de corrupción, tras haber admitido a trámite la denuncia interpuesta por CSIF y por una doctora en Químicas contra la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y contra Juan Arroyo Muñoz, director gerente del CNIO, por vulneración de Derechos Fundamentales. «Demandamos la desprotección a una denunciante en un caso de presunta corrupción, tal y como recoge la Directiva Europea 2019/1937» relativa a la salvaguardia de las personas que informen sobre infracciones, así como por vulneración de «la libertad de información en relación a la libertad sindical», explica Pedro Poves Oñate, abogado de CSIF que lleva la causa.

Además, la parte demandante ha solicitado que se ordene el cese de represalias al que está siendo sometida la demandante desde que como presidenta del Comité de Empresa del CNIO denunció las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en el buque insignia de la investigación española. La última, ayer mismo, cuandom «al reincorporarse al trabajo de su baja su ordenador fue el único de todo el CNIO que se había roto y que se tuvieron que llevar, qué casualidad...».

Por ello, solicitan el reintegro de la demandante en su puesto de científica investigadora del grupo de Químicas en su empresa, el mantenimiento de su contrato como indefinido, el cese de coacciones y de informaciones personales sobre la demandante en la empresa y el cese del expediente de acoso abierto a la química sin su petición. «El mantenimiento de su contrato como indefinido lo pedimos para curarnos en salud, ya que el contrato de la demandante (con plaza estructural) está ligado a la rama Química, pero ahora está en el departamento de Biología, por lo que es una tirita para evitar que en el futuro puedan alegar que esa función del contrato ya no la cumple», precisa el abogado de CSIF. Además, reclaman 25.000 euros por daños y perjuicios.

Esta denuncia se suma a la que ya interpuso VOX meses atrás por presuntas irregularidades como prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación contra Juan Arroyo Muñoz, José Ramón Martínez Méndez, ex director de Personal y de financiero, y José Antonio Galindo, quien sigue desempeñando funciones técnicas en el citado departamento del CNIO. Y cuyo origen era la adjudicación repetitiva de licitaciones por valor de 49.000 euros a las mismas empresas, compañías que en algunos casos compartían casualmente domicilio social o administrador único. No obstante, mientras que la denuncia de CSIF es un pleito laboral, el de la presunta corrupción va por lo Penal y, aunque tengan que ver, en realidad se trata de dos denuncias totalmente independientes.