«Pedimos perdón a las víctimas y a la sociedad por los escándalos»

Un «mea culpa» inesperado tanto por la contundencia como por lo que podría presuponer de propósito de enmienda. No porque el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, no haya condenado antes los pecados eclesiales en materia de abusos sexuales, sino por insistir en ello en el arranque de unaAsamblea Plenaria de los obispos. Pero, sobre todo, porque este golpe de pecho se extendió hasta asumir otros tantos errores episcopales que, según el cardenal arzobispo de Barcelona, habrían contribuido a que «la fe vaya perdiendo presencia en la cultura ambiental de nuestro país».

«Pido perdón, pues nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia», entonó el purpurado en la cita otoñal de los obispos que arranca en Madrid y culminará el viernes en Compostela. Y aunque no usó los términos «pederastia» o «abusos» se deducía de su autocrítica que llegaba a reconocer «la falta de fe y corrupción dentro de la Iglesia que nos duele muy de vera». «Pedimos perdón a Dios, a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención», remataba el purpurado en un plural mayestático que reforzó con «nosotros, los pastores».

Lo cierto es que el discurso de apertura de la Plenaria no es un texto colegiado, sino que nace de puño y letra del presidente, aun cuando cuente con la supervisión de sus estrechos colaboradores, se haga eco del sentir de otros compañeros de bancada o recoja el sentir de la reunión preparatoria de la Comisión Permanente. Omella parecía haber tomado nota de las barbas remojadas del vecino francés con su demoledor informe que ha hecho aumentar las voces que solicitan un estudio retrospectivo similar en España al que se resisten los obispos. Sí lo han realizado varias congregaciones religiosas y alguna diócesis. Hasta el momento, los pastores han cumplido con los mínimos marcados por la Santa Sede, entre ellos, la creación de oficinas regionales de atención a las víctimas. El sello español lo aporta un recién estrenado Servicio de Coordinación y Asesoramiento que aglutina a diócesis y órdenes que ofrecerá propuestas a esta Plenaria.

El nuncio Bernardito Auza, en su intervención, quiso respaldar el trabajo del Episcopado en lo que considera un «testimonio contundente de que nos afecta el dolor de las víctimas». Además, urgió a continuar profundizando para «operar en un tema tan sensible con garantía de efectividad».

Hasta la fecha, tal y como ha podido sondear LA RAZÓN, hay un nutrido grupo de prelados que se resisten a seguir los pasos de Francia, Alemania o Bélgica con una auditoría histórica, bajo el pretexto de no colaborar con una campaña mediática. Del otro lado, algunos otros consideran que es el momento de replantearse la estrategia. En público, ni unos ni otros se definen. Tampoco Omella dejó ayer insinuación alguna ante el micrófono. Sí se definió a la hora de reclamar a los políticos lo que vendría a ser un pacto de Estado para impulsar la formación profesional. «Apartemos ideologías para hacer frente al reto del paro juvenil» reclamó a partidos, empresarios y sindicatos, con la mano tendida de la Iglesia para «salir mejor de la crisis».

El Papa nombra un triplete de obispos para redibujar la Iglesia española

La Santa Sede anunció ayer de una tacada el nombramiento de tres obispos para España. No es habitual que el Vaticano se despache con un triplete episcopal, si bien es verdad que el atasco de diócesis pendientes de un pastor justificaría este «parto» múltiple.

Por un lado, el Papa ha elegido como arzobispo castrense al que hasta ayer era obispo auxiliar de Pamplona, Juan Antonio Álvarez. Tras el inesperado fallecimiento por coronavirus en enero de su predecesor, Juan del Río, se puso en marcha el más complejo de los engranajes para la elección de obispo en España, en tanto que el castrense es fruto de una terna consensuada por el Gobierno y Nunciatura que se presenta a la Santa Sede y que posteriormente requiere del visto bueno del Rey. Este proceder excepcional deriva del Acuerdo Iglesia-Estado sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Además, de alguna manera se convierte en «capellán» militar y de la Casa Real. La rapidez en el nombramiento –solo diez meses– desmonta a los mentideros eclesiales que habían dejado caer la idea de que Moncloa bloquearía este proceso como medida de presión.

No menos significativa es la decisión de Roma de escoger al actual obispo de Plasencia, José Luis Retana, como nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Al compartir el pastoreo de ambas regiones, la histórica sede mirobrigense dejará de contará con obispo residencial, lo que algunos interpretan como la desaparición de la diócesis castellana ocho siglos después de su creación. O, visto de otro modo, una fusión como ya sucedió en 2003 con Huesca y Jaca. De momento, Roma ha optado porque Retana esté al frente de Salamanca y Ciudad Rodrigo bajo la fórmula «in persona episcopi» («en la persona del obispo»), de tal forma que tendrán el mismo pastor pero sin que se modifique la actual estructura de gobierno.

Por último, el hasta ahora vicario general de Toledo, César García Magán, se convertirá en obispo auxiliar de Toledo, como apoyo al actual arzobispo Francisco Cerro. García Magán.