Más de 80 días después de que estallara la sexta ola de la pandemia de covid en España, en la que se están batiendo todos los récords de contagios, el Gobierno ha regulado finalmente el precio de los test de antígenos de autodiagnóstico. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha acordado establecer su tope máximo en 2,94 euros, aún por encima del valor por el que pueden adquirirse en supermercados de Portugal o Países Bajos, en donde se sitúa en alrededor de 2 y 2,5 euros, respectivamente, pero muy por debajo del que llega a pedirse en las farmacias en el primero de esos países –5 euros– o en algunas centros comerciales en el segundo, en donde llega a alcanzar los 10 euros. También se sitúa por debajo de los precios medios a los que se comercializan en países como Alemania (4,6 euros), Francia (5,2 euros), Irlanda (entre 6 y 8 euros) e Italia (unos 10 euros). Al término de la reunión, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que la resolución adoptada se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor mañana, sábado. Según dijo, el acuerdo se ha alcanzado «por unanimidad» y se produce ahora, cuando España está a punto de alcanzar el pico de esta nueva embestida del virus, una vez resuelto el problema de abastecimiento que ha afectado a estos productos sanitarios durante las últimas semanas, un período en el que el precio llegó a dispararse hasta considerarse «abusivo», de acuerdo con las denuncias de organizaciones profesionales y de consumidores. Una de las más duras en este sentido fue el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, muy crítica con la venta de dichos productos en las farmacias y con el alto precio pagado por los ciudadanos.

Como informó LA RAZÓN, la alta movilidad y el aumento de las interacciones sociales y profesionales durante el mes de diciembre en medio de la falta de medidas de contención del virus a nivel estatal llevaron a multiplicar la demanda de estos test de autodiagnóstico de la covid las pasadas navidades. Según los datos de la consultora IQVIA, en diciembre se vendieron en nuestro país más de 21,2 millones de unidades, 8,55 veces más que las comercializadas en noviembre (2,48 millones) y 32,8 veces más que las que se vendieron en octubre, cuando se contabilizaron 647.838. «El objetivo era garantizar el suministro y una vez establecido hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta», justificó la ministra, cuando se le preguntó por qué había esperado tanto tiempo el Gobierno en fijar ese precio tope.

Fuentes sanitarias explican que los 2,94 euros de valor máximo establecido asestan un golpe a las oficinas de farmacia, ya que el coste medio al que compran cada unidad a los diferentes fabricantes ronda en estos momentos los 2,9 euros. La resolución acordada les dejaría así prácticamente sin margen de beneficio hasta que el precio baje, aunque les permite seguir vendiéndolos en exclusiva, desoyendo la presión que han realizado las grandes superficies comerciales o la Comisión Nacional de la Competencia para poderlos comercializar. Sanidad se atiene así a la legalidad vigente, que marca que los productos sanitarios –los test de autodiagnóstico lo son– sólo se pueden vender en oficinas de farmacia. El bajo coste fijado fue precisamente reprochado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que resaltó en un comunicado que esos 2,94 euros supondrán «que la mayoría de las farmacias tendrán en este momento que dispensar estos productos sanitarios por debajo de su precio de coste». La organización que preside Jesús Aguilar resaltó, no obstante, que los farmacéuticos pondrán siempre por delante la salud de los pacientes.

«Asumimos el precio fijado por responsabilidad y por la vocación sanitaria y de servicio que nos ha guiado siempre y que hemos demostrado de forma muy contundente en estos dos años de pandemia». Desde Fedifar, la patronal de la distribución farmacéutica, su presidenta, Matilde Sánchez, afirmó que «circunstancias extraordinarias requieren de medidas extraordinarias», por lo que «si en este momento complicado se solicita a las empresas de distribución farmacéutica realizar un esfuerzo más en nuestro compromiso con los ciudadanos, lo asumen».

Aguilar subrayó que «los intereses mercantiles no tienen cabida si hablamos de una herramienta esencial en la lucha contra la pandemia». Un día antes de que la Comisión fijara el precio, el PP había pedido que éste no superara los 2 euros y que se abaratara aún más para familias con pocos recursos. La venta de test en farmacias se autorizó el pasado verano, después de que el Gobierno estuviera meses rechazando tal posibilidad pese a las peticiones que le formulaban las boticas y Madrid.