El Vaticano, un infierno para los negacionistas

Hay un lugar en el mundo donde Novak Djokovic, los negacionistas y los antivacunas lo tienen todavía más complicado que en Australia. El Vaticano. El Estado más pequeño del mundo se ha convertido, hoy por hoy, en el más restrictivo del planeta a la hora de combatir la pandemia. Las medidas más recientes se han adoptado esta misma semana.

La Santa Sede multa ya entre 25 y 1.500 euros a quienes no lleven puesta una mascarilla FFP2 en interiores, no respeten la distancia de seguridad o se salten el confinamiento después de haber dado positivo en una prueba covid. A través de un decreto, la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano aprobaba, con la autorización de Francisco, una nueva normativa para hacer frente a los masivos contagios de la variante Ómicron que entró en vigor el lunes y que, de momento, se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero. Estas restricciones tendrán que cumplirla tanto los empleados como los visitantes, tal y como han podido comprobar los obispos de Cataluña, Valencia y Baleares que esta semana han viajado a Roma para participar en la llamada visita ‘ad limina apostolorum’, un encuentro quinquenal tanto con los diferentes Dicasterios como con el Papa para tomar el pulso de la Iglesia española.

Precisamente ha sido un español el que selló con su rúbrica a esta nueva disposición el 5 de enero que ya se aplica a todo hijo de vecino «salvo una justificación específica». Se trata del arzobispo Fernando Vérgez Alzaga, religioso de los Legionarios de Cristo de 76 años que desde octubre es el gobernador de la Ciudad del Vaticano y, por tanto, el titular del poder ejecutivo del territorio en el que vive el Papa. En la misma reforma normativa, también se prohíben todos los viajes profesionales al personal vaticano, salvo las excepciones aprobadas por los responsables de los distintos departamentos avaladas por razones institucionales y siempre y cuando sea imposible aplazarlo. A todo esto se une, la restricción de aforo limitado hoy por hoy al 35%.

«Estas decisiones de la Santa Sede hay que enmarcarlas dentro del contexto italiano, en el que el movimiento antivacunas es más significativo que en España y el significativo movimiento antivacunas. También se une la alta edad media y de riesgo de parte de la población del Vaticano», explica Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España al ser preguntado en relación a cómo el Vaticano busca convertirse en un búnker, no solo para frenar los contagios, sino levantando muros frente a quienes, dentro de la propia Iglesia, desprecian el suero inmunizador. «No hay que olvidar además que gran parte de la población vaticana es considerada vulnerable y de riesgo por su edad media», aprecia el también vicerrector de la Universidad Pontificia de Comillas. No en vano el pontífice argentino tiene 85 años y Benedicto XVI, 94.

Junto al uso de la mascarilla FFP2, el Vaticano exige desde el 1 de octubre presentar tanto a empleados como a visitantes el pasaporte covid, con el actual añadido de que solo es válido a partir de ahora durante los cuatro meses siguientes a la última dosis de la vacuna o después de probar, mediante una prueba negativa, que ha superado el coronavirus. En cuanto al uso del ‘green pass’ también es extensible a todos aquellos que decidan acceder a cualquier espacio cultural como los Museos Vaticanos, los Jardines Vaticanos, Castillo San Angelo o las villas pontificias. Tan solo podrían escaparse de estas limitaciones los turistas y fieles que participen en el ángelus de la plaza de San Pedro, en las audiencias generales de los miércoles que durante el invierno se están celebrando en el aula Pablo VI o en el acceso a la plaza de san Pedro. Además, en el exterior sí se puede utilizar la mascarilla quirúrgica.

También marcó un antes y un después el decreto aprobado el 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, por el cual los trabajadores antivacunas estarán suspendidos de empleo y sueldo. El ‘premier’ vaticano prohíbe desde entonces que los miembros de la Curia y los contratados por la Iglesia accedan a su puesto de trabajo si no cuentan con el correspondiente certificado de haberse inmunizado frente al coronavirus. La ordenanza expone literalmente que no contar con el pasaporte verde «será considerada como ausencia injustificada, con la consecuente suspensión de la retribución por lo que dure la ausencia».

Esta decisión es aplicable tanto a los laicos como a los cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos, y afecta de la misma manera tanto a quienes den un paso al frente más allá de la plaza de San Pedro como para las demás oficinas que la Santa Sede tiene repartidos por toda la ciudad de Roma.