Más de la mitad de causas judiciales con personas con discapacidad son por delitos sexuales

Si para cualquier persona tener que desenvolverse en la Administración de Justicia puede ser una dificultad nada fácil de superar, para un discapacitado intelectual a menudo supone un reto mayúsculo. Piensen, sin ir más lejos, en las complicaciones para acreditar una denuncia. Sobre todo teniendo en cuenta que estas personas son altamente vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso, fundamentalmente de carácter sexual, y maltrato.

Así lo acredita un informe de la Fundación A la Par que evalúa los resultados de la puesta en marcha, hace una década, de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) en colaboración con la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. Un proyecto cuya iniciativa estrella ha sido la figura pionera del facilitador, el apoyo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.

Desde 2011, esta unidad ha atendido en toda España 1.418 casos de personas con discapacidad intelectual víctimas de situaciones de abuso o maltrato (desde los 38 del primer año a los 232 del pasado ejercicio). En su gran mayoría, un 71 por ciento, mujeres que habían sufrido agresiones o abusos sexuales, y en uno de cada tres casos, con menores de edad como víctimas. Y es que en la mayor parte de los supuestos, un 56%, se trata de casos de delitos de carácter sexual, seguidos del maltrato físico (11%) y violencia de género (10%) y trata de seres humanos (6%).

¿Cómo hacer valer su testimonio como prueba de cargo?

En diciembre del año 2017, por ejemplo, la Uavdi empezó a gestionar un dispositivo de acogida temporal para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de situaciones de violencia, un recurso perteneciente a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid que ofrece cuatro plazas para una estancia máxima de un año y medio. Desde entonces, señala el informe, se han atendido a una veintena de mujeres en esta situación de vulnerabilidad, de las que un 70% ha conseguido obtener un empleo y poder vivir de forma autónoma o en un piso tutelado

¿Qué posibilidades tiene un discapacitado de hacer prosperar su denuncia con su testimonio? Según los datos de la fundación, sin contar con el auxilio del facilitador -psicólogos expertos en discapacidad intelectual y psicología forense-, el 67 por ciento de los casos eran sobreseídos, un porcentaje que su tarea de asistencia para facilitar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad ha reducido en estos diez años a un 24%.

La intervención del facilitador en un procedimiento judicial, aclara el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, puede ser solicitada por cualquiera de las partes implicadas en el proceso y, en particular, por la propia persona con discapacidad intelectual (o sus representantes legales, en su caso), por el juzgado o tribunal encargado del asunto, por la Fiscalía, por los abogados personados en la causa, por los forenses y expertos psicosociales adscritos a los juzgados y por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una Justicia más cercana a las personas con discapacidad

En la presentación de los datos de la Memoria, la presidenta de la Fundación A la Par, Almudena Martorell, ha recordado que en 2011 la Justicia “estaba demasiado alejada de las personas con discapacidad intelectual” cuando su testimonio era “la prueba de cargo”. “Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más próximos estos procedimientos diseñando respuestas específicas”.

En el acto, al que acudió la Infanta Elena en representación de la Fundación Mapfre, la fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, asume que jueces y Fiscales necesitan “apoyos para saber cómo tratar en procedimientos que conciernen a personas con discapacidad intelectual”. “Es un derecho que la Justicia se adapte a las personas y no al contrario como permite el facilitador. Hay que impulsar estas figuras de apoyo”, aseguró la ex fiscal general del Estado.

También el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, respaldó la iniciativa y expresó el compromiso del Gobierno regional “para que la Justicia sea real y efectiva”. “No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos -se comprometió- para adaptar la Justicia a todas las discapacidades y que esa igualdad sea real y efectiva. Vamos a potenciar la figura del facilitador a través de la Oficina de Atención a las Víctimas”.

No obstante, en ese mismo acto el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías advirtió de que la figura del facilitador “necesita concreción y garantías para que la persona que va a desempeñar este papel cumpla en realidad los requisitos”. “Hay que regular todos estos instrumentos legislativos y dotarlos de fondos para que tengan respaldo y garantías”, señaló.