Los socios del Gobierno apoyan el decreto “trampa” que obliga al uso de mascarillas al aire libre

Por 162 votos a favor y 152 queda aprobado el decreto que también incluía la «paguilla» a los jubilados

El Congreso de los Diputados convalidó el polémico Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se estableció, justo antes de las vacaciones navideñas, el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores ante la evolución de la sexta ola de coronavirus, la extensión de Ómicron y las previsibles reuniones sociales. El sí se llevó 162 votos a favor, el no 152 y hubo 28 abstenciones. También se aprobó que se convierta en un proyecto de ley con carácter de urgencia.

Aunque la mayoría de las formaciones políticas estaban en contra de la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, debido a que no hay evidencia científica alguna que la justifique, los socios parlamentarios del Gobierno (CUP, ERC, Bildu, PNV, BNG, Mas País, entre otros) no se opusieron a la convalidación del decreto, pero no por la confianza en la medida, sino porque el Gobierno metió en la misma norma otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios, lo que dificulta un voto en contra.

Así, desde ERC ya han avanzado a Europa Press que no votarían en contra. Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cuestionó la obligación del uso de mascarillas en espacios al aire libre, una medida que considera un “sinsentido”, al tiempo que ha censurado la inclusión de la revalorización de las pensiones en el mismo decreto, “una maniobra a la que el Gobierno nos está acostumbrando demasiado”.

Llueve sobre mojado

Tanto Más País-Equo como la CUP habían avanzado que se decantarán por la abstención. La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, lo ha justificado quejándose de que el decreto no incluya otras soluciones distintas a las mascarillas en el exterior frente a la pandemia, como por ejemplo el refuerzo de la atención primaria, y sí asuntos que “nada tienen que ver” con el origen del decreto, en alusión a la actualización de las pensiones.

La misma crítica ha vertido la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien ha censurado las leyes “ómnibus” promovidas por el Gobierno de coalición porque considera que “no es una buena forma de legislar”. “Lo de las mascarillas es una cosa absurda que debe acabarse pero la parte de las pensiones es una buena medida, y lo más probable es que nos abstengamos”, ha dicho. Por su parte, tanto Compromís como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han adelantado su respaldo al decreto de mascarillas, aunque en el caso de los nacionalistas gallegos y vascos se trata de un voto crítico.

El PNV ha decidido votar a favor del decreto “por el principio de prudencia”, pero ha criticado el procedimiento empleado, al mezclar en el mismo texto otros asuntos que consideran que “condicionan” el voto. Con todo, solicitará su tramitación como proyecto de ley.

En contra, por principios

PP, Vox, Ciudadanos y, previsiblemente, Foro Asturias votaron en contra de una medida sin fundamento, que además ha sido duramente criticada por la mayor parte de sociedades médicas implicadas en el abordaje de la covid. Desde que se aprobó el real decreto, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, lleva pidiendo, desde la aprobación del RD, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los informes “científicos y técnicos” que justificaron la decisión de que la mascarilla volviera a ser obligatoria al airle libre. En este sentido, presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés hacía público esta semana que el supuesto informe científico aportado por el Gobierno y sobre el que sustentaba la medida es, en realidad, una encuesta ciudadana, un simple sondeo de opinión con mil encuestas de calle.

En la comparecencia de Darias ante la Comisión de Salud Pública la semana pasada para dar explicaciones sobre el abordaje de la sexta ola, la ministra volvió a defender que “era una medida muy demandada por las comunidades y adoptada por la gran capacidad de circulación del virus”. También recordó que, cuando se adoptó la obligatoriedad, en diciembre, la incidencia acumulada a 14 días estaba en España en unos 816 casos por 100.000 y este jueves se sitúa en 3.139 por 100.000. Pero, de los informes, ni rastro.