Investigación

Un año de auditoría antiabusos «para llegar hasta el final»

La Iglesia delega en un equipo de 18 profesionales una investigación que incluye indemnizar a las víctimas

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ayer, ante los medios
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ayer, ante los mediosIsabel InfantesEuropa Press

«Vamos a ir hasta el final». Es la contundencia con la que ayer presentó la Conferencia Episcopal Española la auditoría externa que busca poner coto a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Los obispos han encargado al bufete Cremades&Calvo-Sotelo que asuma de forma integral la gestión la crisis de la pederastia eclesial, tanto con una radiografía de la cuestión tanto de las diócesis como de las congregaciones religiosas, sino también indemnizaciones para las víctimas «sin barreras ni límites».

Está previsto que el estudio dure aproximadamente un año. Serán 18 profesionales los que cojan el toro por los cuernos, con los tres socios del bufete al frente, y personalidades como la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca. A ellos se sumarán especialistas de otros ámbitos como terapeutas.

«Pido una vez más perdón público a todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen», entonó el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, al arrancar una comparecencia pública de la mano del presidente y fundador del despacho de abogados, Javier Cremades. El purpurado planteó esta decisión como una «obligación de transparencia social, de ayuda y reparación de las víctimas y colaboración con las autoridades». «Las víctimas no son un número sino un rostro con una persona y una historia detrás», apostilló.

El letrado pidió a los afectados un voto de confianza «porque se les va a ofrecer una atención individualizada». Desde ahí adelantó que buscarán encuentros con las asociaciones. Ni los obispos ni Cremades buscan judicializar este proceso, sino buscar compensaciones desde el diálogo.

Lo cierto es que este escáner integral rastreará el pasado, analizará el presente y planteará medidas preventivas de futuro. Eso sí, sus promotores no pudieron definir ayer hasta dónde alcanzará la memoria. Se dará «toda la amplitud necesaria», expuso el abogado, que se vio reforzado por el purpurado, disculpándose por no poder bajar al detalle: «Estamos empezando». Es más, pocos minutos antes de que se enfrentaran a los medios, se había firmado la nota de encargo que Cremades definió como la misión «más compleja e insólita de toda mi carrera».

En cualquier caso, el empeño pasa, según Cremades por configurar «una auditoría creíble que sea la verdad de los hechos» que sea «innovadora, inclusiva y emprendedora». De hecho, adelantó que irán construyendo una metodología «híbrida» a partir de la experiencia de otros países como Francia, Alemania o Australia. De hecho, el letrado desveló que han fichado a dos de los socios del bufete germano que trabajó para la archidiócesis de Múnich, que viajarán como asesores a Madrid una vez al mes.

Aunque a priori podría pensarse que esta acción episcopal podría contraprogramar las acciones de la Fiscalía General del Estado o la comisión que el Gobierno quiere encargar al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, no es así, tal y como adelantó LA RAZÓN. Es más, Cremades ya se ha puesto en contacto con Gabilondo para ofrecer su total colaboración.

El presidente del bufete desveló que no van a facturar este trabajo a los obispos, un servicio gratuito salvo los gastos y pagos a terceros. Cremades también salió al paso de las dudas sobre la independencia de la investigación, en tanto que es miembro del Opus Dei. «Pertenecer al patronato de una docena de fundaciones es un honor y un acervo, no un conflicto», aseveró.